La intendenta de Paraná se refirió a la relocalización del depósito de residuos. Admitió que el proceso genera controversias, pero aseguró que se buscará el consenso con los vecinos y se realizarán estudios de impacto ambiental.
La gestión municipal de Paraná avanza en uno de los desafíos ambientales y sociales más complejos de las últimas décadas: el traslado definitivo del «Volcadero». En declaraciones recientes, la intendenta Rosario Romero brindó detalles sobre el estado del proyecto y respondió a las inquietudes planteadas por diversos sectores de la comunidad respecto al nuevo emplazamiento.
Romero reconoció que un cambio de esta magnitud suele despertar inquietudes en las zonas receptoras. «Todo sitio tiene resistencias», afirmó la jefa comunal, haciendo referencia a las voces de alerta de los vecinos cercanos a las posibles nuevas ubicaciones. No obstante, subrayó que la decisión no será arbitraria y que el Ejecutivo municipal tiene el firme compromiso de habilitar canales de diálogo y participación ciudadana antes de concretar cualquier movimiento.
Consenso y rigurosidad técnica
La mandataria local explicó que la elección del nuevo predio no solo dependerá de la factibilidad técnica y logística, sino también de un riguroso examen de impacto ambiental. En este sentido, la intendenta buscó llevar tranquilidad a la población asegurando que se llevarán a cabo consultas públicas para que los paranaenses puedan expresar sus puntos de vista y evacuar dudas sobre el funcionamiento del futuro centro de disposición final.
«Habrá consultas a la ciudadanía», enfatizó Romero, señalando que la transparencia es un eje central en este proceso de transición hacia un modelo de gestión de residuos más moderno y menos contaminante. El objetivo es transformar el actual sistema de vertido a cielo abierto por un esquema que cumpla con las normativas vigentes y reduzca el pasivo ambiental en la zona oeste de la ciudad.
Un problema histórico con miras a una solución definitiva
El traslado del Volcadero no solo implica una mejora en la salud pública y el medio ambiente, sino que también conlleva un fuerte componente social debido a las familias que viven y trabajan en las inmediaciones del actual predio. Desde el municipio indicaron que el plan integral contempla el abordaje de estas realidades para garantizar que el cierre del basural no deje desamparados a quienes dependen de la recuperación de materiales.
Con este anuncio, el Ejecutivo municipal busca equilibrar la urgencia operativa de clausurar el histórico depósito con la necesidad política de obtener licencia social para la nueva ubicación, en un camino que promete ser de intenso debate durante los próximos meses.
