En un nuevo revés para la Casa Rosada, el Senado rechazó ayer el veto del presidente Javier Milei a la ley que declara la emergencia en Discapacidad. Con esta decisión, la norma quedó firme y deberá ser promulgada por el Poder Ejecutivo.
La oposición —integrada por el interbloque peronista, la UCR, el PRO y legisladores provinciales— logró imponerse con 63 votos a favor y 7 en contra, superando ampliamente los dos tercios requeridos (48 votos).
En San Juan, los senadores peronistas Sergio Uñac y María Celeste Giménez votaron a favor de insistir con la ley, mientras que el libertario Bruno Olivera lo hizo en contra. El oficialismo recibió además el apoyo de la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO) y de Francisco Paoltroni, quien volvió a alinearse con la Casa Rosada.
No se rechazaba un veto total desde el 12 de marzo de 2003, durante la presidencia de Eduardo Duhalde, quien había asumido tras la renuncia de Fernando de la Rúa en plena crisis de 2001.
La nueva ley establece la emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga hasta 2027. También dispone una actualización de prestaciones para compensar la diferencia entre los valores vigentes y la inflación acumulada desde 2023.
De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso, la norma tendrá un impacto fiscal estimado entre el 0,22% y el 0,42% del PBI, según la cantidad de nuevas altas que se registren hasta 2026.
Un punto central de la ley es que las 200 mil pensiones por invalidez pasarán a equivaler al 70% del haber mínimo jubilatorio. Además, sus beneficiarios podrán trabajar siempre que sus ingresos no superen el equivalente a dos salarios mínimos.
