Una denuncia penal fue presentada en contra de Martín Sturzenegger y su esposa a raíz de un contrato de carácter millónario que habría sido suscripto entre la empresa vinculada a la pareja y la cancillería argentina. La presentación ante la Justicia señala posibles irregularidades en la adjudicación del acuerdo, que ya se encuentra bajo revisión de los organismos competentes.
Según el reclamo formal, el contrato en cuestión habría sido otorgado sin un proceso de licitación pública, lo que generó cuestionamientos por parte de sectores políticos y de la sociedad civil que consideran necesario garantizar la transparencia en la gestión de fondos estatales.
La denuncia sostiene que los términos y condiciones del acuerdo resultan cuestionables y que podría haberse beneficiado indebidamente a una firma relacionada con los acusados. Las autoridades judiciales evaluarán la documentación presentada para determinar si existen elementos suficientes para avanzar con una investigación penal.
Desde distintos espacios políticos y sociales, se reclamó una investigación exhaustiva que clarifique la participación de los involucrados y asegure que no se haya producido ningún tipo de favoritismo o conflicto de intereses en la asignación del contrato.
