El presidente Javier Milei firmó este sábado los vetos a las leyes sancionadas recientemente por el Congreso que establecían mejoras en las jubilaciones y declaraban la emergencia en el área de discapacidad. Las decisiones serán publicadas en el Boletín Oficial el próximo lunes.
A partir de ese momento, la oposición necesitará reunir una mayoría de dos tercios en ambas cámaras para revertir los vetos. Sin embargo, no se prevé que esto ocurra en la sesión del miércoles, convocada este viernes.
Aunque ambas normas fueron aprobadas por el Senado a comienzos de julio, el Poder Ejecutivo demoró formalmente la firma de los vetos como parte de una estrategia política destinada a evitar un pronto regreso del debate a Diputados, donde el oficialismo teme no poder sostener su postura en caso de una votación.
Las leyes vetadas
Una de las normas vetadas es la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, impulsada por bloques dialoguistas y el peronismo. El proyecto proponía actualizaciones mensuales que combinaran inflación y mejoras salariales, y fijaba un piso de incremento superior al esquema actual de aumentos por decreto aplicado por el Gobierno.
La segunda norma vetada es la que declaraba la emergencia en discapacidad. El proyecto surgió a partir de reclamos de organizaciones del sector frente a la interrupción de pagos y servicios, y buscaba garantizar prestaciones básicas, transporte y atención integral.
Estrategia oficialista y negociaciones
Mientras tanto, el Gobierno continúa negociando con gobernadores y bloques aliados para consolidar su rechazo a las leyes vetadas. Como parte de esa estrategia, el oficialismo ofrece incentivos como la distribución de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y acuerdos políticos de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre.
Desde el Ejecutivo se sostiene que ambas leyes son «fiscalmente inviables» en el contexto del plan de ajuste estructural que impulsa la administración, cuyo objetivo central es alcanzar el déficit cero. En línea con esta postura, el presidente Milei ya había anunciado que vetaría cualquier iniciativa legislativa que implique un aumento del gasto público.
