La representación legal de la familia de Gabriel Gusmán insistió en que los policías Oscar Molina y Diego Íbalo deben ser encontrados responsables del asesinato ocurrido el 25 de septiembre de 2018 en el barrio Capibá de Paraná. La acusación sostiene que la muerte del joven no fue un enfrentamiento, sino una ejecución en contexto de abuso policial.
Durante su exposición final frente al jurado popular, el abogado querellante José Iparraguirre manifestó que, si bien Gusmán portaba un arma, ya se había entregado y no representaba un peligro inminente. Aseguró que la persecución policial fue desproporcionada, que los agentes contaban con alternativas menos letales y que aun así optaron por disparar a matar.
El letrado cuestionó además la actuación operativa de los uniformados: subrayó que uno de ellos ni siquiera llevaba el chaleco antibalas, que la utilización del arma reglamentaria fue inapropiada y que no existió justificación para efectuar un tiro directo a la cabeza. “Lo fusilaron, le destruyeron la cabeza”, expresó con firmeza.
La querella reiteró su solicitud de que el hecho sea encuadrado como homicidio agravado, desestimando por completo la versión defensiva de que se trató de un episodio de legítima defensa. Según la acusación, los elementos reunidos en el juicio —pericias balísticas, posiciones de disparo y testimonios— demuestran que Gusmán fue ultimado cuando ya no tenía posibilidad de huir ni atacar.
