Diez años después del inicio del juicio por la expropiación de YPF, este martes 12 de agosto, la Corte de Apelaciones de Nueva York deberá resolver si mantiene en suspenso la orden de la jueza Loretta Preska, que obliga a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF como forma de pago por la expropiación considerada “mal realizada” durante el gobierno de Cristina Kirchner en 2012.
Las tres alternativas que evalúa la Corte
Existen tres posibles fallos:
1. Extender la medida cautelar: que se mantenga la suspensión del traspaso de las acciones. La jueza Preska había dictaminado en junio que el Estado argentino debe pagar el fallo de US$ 16.100 millones con el 51% de sus acciones en YPF.
2. Rechazar la cautelar: lo que habilitaría a la jueza a ejecutar el traspaso de acciones de forma inmediata. Sin embargo, el principal financista del juicio, Burford Capital, ya anticipó que no ejecutará esa orden de inmediato, como “gesto de buena fe”.
3. Conceder la suspensión, pero exigir otros activos: si se considera que entregar las acciones es inviable, el tribunal podría ordenar que Argentina ofrezca otros bienes a cambio, como bonos soberanos de mediano o largo plazo.
¿Qué pasa si no se concede la suspensión?
Si la Corte rechaza la suspensión del traspaso de acciones, se abren dos caminos:
Alcanzar un acuerdo extrajudicial con los acreedores.
No cumplir con el fallo, lo que expondría al país a un posible desacato judicial, embargos de activos del Banco Central (BCRA), restricciones en los mercados financieros internacionales, o el embargo de activos de YPF en el exterior.
El origen del conflicto: la expropiación sin OPA
El juicio no cuestiona el derecho soberano de Argentina a expropiar YPF, sino el incumplimiento del estatuto de la empresa, que exige realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) cuando se toma el control accionario.
El gobierno argentino omitió esta OPA, lo que perjudicó a los inversores que compraron acciones de YPF en la Bolsa de Nueva York, bajo jurisdicción de Estados Unidos. Esto dio lugar a la demanda en Nueva York.
El contexto histórico
La controversia tiene su origen en la privatización de YPF durante el gobierno de Carlos Menem, en 1993, cuando Argentina recaudó US$ 1.100 millones en Wall Street comprometiéndose a respetar las reglas del mercado estadounidense.
En 2012, el gobierno de Cristina Kirchner expropió el 51% de YPF a Repsol, en el marco de la Ley N° 26.741 de Soberanía Hidrocarburífera.
En esa época, el Grupo Petersen, ligado a la familia Eskenazi, ya era dueño del 25% de YPF. Había financiado esa compra con préstamos de Repsol y un conjunto de bancos internacionales como Credit Suisse, Goldman Sachs y Citibank. Petersen planeaba pagar la deuda con los dividendos de YPF, pero la reestatización congeló esos pagos, lo que llevó al grupo a la quiebra.
La llegada de Burford Capital
Tras la quiebra, el Juzgado de lo Mercantil N°3 de Madrid designó un síndico para subastar los derechos de litigio. Burford Capital, un fondo especializado en financiar demandas judiciales, ganó la subasta.
Burford no compró la demanda, sino que fue autorizado a financiar el juicio en nombre de los síndicos del Grupo Petersen y de Eton Park, otro inversor afectado.
En caso de que se cobre la indemnización, el 70% de lo recuperado irá a Burford, mientras que el 30% restante será distribuido entre los acreedores del Grupo Petersen. Sin embargo, debido a las altas deudas del grupo, la familia Eskenazi probablemente no reciba dinero.
Fuentes cercanas a los Eskenazi aseguraron a la agencia NA que aportaron US$ 100 millones de fondos propios en la compra del 25% de YPF. “Eso está certificado en la operación”, afirmaron.
