En una sesión maratónica que se extendió por 14 horas, la Cámara de Diputados de Uruguay aprobó en la madrugada del miércoles un proyecto de ley que despenaliza la muerte asistida bajo ciertas condiciones. La iniciativa, impulsada por el oficialista Frente Amplio (FA), contó con el respaldo de varios legisladores de la oposición y ahora deberá ser debatida en una comisión del Senado.
Con 64 votos a favor y 29 en contra, el proyecto —denominado «Muerte Digna»— establece que podrán solicitar asistencia médica para morir las personas mayores de edad, mentalmente aptas, que se encuentren en una etapa terminal de una enfermedad incurable y que sufran dolores físicos o psíquicos considerados «insoportables». Además, el paciente deberá atravesar varias instancias previas antes de dejar su voluntad por escrito y ante testigos.
“Es una ley garantista, segura y protectora de los derechos de quienes deciden acceder a la eutanasia, así como de todos los profesionales involucrados en el proceso”, sostuvo el diputado del FA Luis Gallo durante el debate.
Por su parte, el legislador frenteamplista Federico Preve resaltó que la aprobación del proyecto devuelve a Uruguay su lugar como referente internacional en materia de derechos. “Este es un país laico y de avanzada, que ha sido ejemplo mundial”, dijo, recordando leyes emblemáticas como la del voto femenino, el matrimonio igualitario y la regulación del cannabis.
Desde la vereda opuesta, el diputado Andrés Grezzi, del Partido Nacional, cuestionó la norma señalando que “instala la idea de que morir sin esta ley sería hacerlo de forma indigna”, y aseguró que ya existen herramientas legales y médicas que garantizan un final de vida sin dolor ni necesidad de adelantar la muerte.
En Uruguay, los cuidados paliativos están reglamentados, pero el Código Penal aún sanciona con prisión a quienes ayuden a otra persona a suicidarse.
Según una encuesta de la consultora Cifra publicada en mayo, el 62% de la población uruguaya apoya la legalización de la eutanasia, mientras que solo el 24% se opone.
De convertirse en ley en el Senado —donde el Frente Amplio cuenta con mayoría—, Uruguay se sumaría a países como Colombia y Canadá, que han legalizado la eutanasia en las últimas décadas. En Colombia, donde la práctica fue despenalizada en 1997 y reglamentada en 2015, se realizaron 270 procedimientos en 2023, un 50% más que el año anterior. En Canadá, en tanto, más de 15.000 personas accedieron a la ayuda médica para morir el año pasado.
