El Gobierno nacional oficializó una decisión de fuerte impacto: a través del Decreto 787/2025, se elimina la regulación previa que establecía límites a las matrículas y cuotas de los institutos educativos privados sin subsidios.
Desde ahora, las escuelas privadas sin aportes estatales podrán definir sus aranceles de manera independiente, sin necesidad de pedir autorización oficial ni informar previamente los valores al organismo correspondiente.
La disposición deroga la antigua norma del Decreto 2417/1993, vigente por más de treinta años, que mantenía un control estatal sobre los precios y los requisitos administrativos de los establecimientos educativos.
De acuerdo con los fundamentos del Ejecutivo, el sistema anterior imponía trabas y exigencias que dificultaban la adaptación de las instituciones a las condiciones económicas y educativas actuales.
La nueva medida abarca únicamente a los colegios sin financiamiento público, mientras que aquellos con subvención estatal seguirán regidos por el marco regulatorio tradicional.
El Gobierno sostiene que esta liberación de precios apunta a otorgar mayor flexibilidad a los establecimientos frente a los costos reales y las variaciones del mercado.
