El gobierno entrerriano dispuso la conciliación obligatoria ante el conflicto gremial en el Puerto de Concepción del Uruguay

El gobierno entrerriano dispuso la conciliación obligatoria ante el conflicto gremial en el Puerto de Concepción del Uruguay

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos resolvió establecer una conciliación obligatoria por el plazo de 15 días hábiles en el marco del conflicto laboral que afecta al Puerto de Concepción del Uruguay, protagonizado por la empresa Urcel Argentina S.A. y los trabajadores representados por el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA). La resolución se adoptó conforme a lo previsto en la Ley Nacional N° 14.786 y tiene como objetivo generar un ámbito de negociación entre las partes.
La intervención provincial se produjo tras varias jornadas de alta conflictividad en el sector portuario, que derivaron en la interrupción de las actividades operativas a raíz de una medida de fuerza impulsada por el gremio. Los reclamos sindicales incluyen el reconocimiento de autoridades electas y la aplicación efectiva del convenio colectivo vigente. Durante las protestas, se registraron bloqueos en los accesos al puerto y episodios de tensión con fuerzas de seguridad, que intervinieron para liberar la circulación.
Mientras dure la conciliación, tanto la empresa como la organización sindical deberán dejar sin efecto cualquier acción directa y evitar conductas que profundicen el enfrentamiento. Además, ambas partes fueron convocadas a una audiencia de diálogo prevista para el 10 de febrero en la ciudad de Paraná, instancia en la que deberán concurrir con representantes facultados para tomar decisiones.
En paralelo, el SUPA junto a la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA) declaró el estado de alerta y anticipó que el conflicto podría ampliarse a otras jurisdicciones si no se alcanza una solución. Desde el sector sindical advirtieron sobre presuntas irregularidades en el accionar empresarial y alertaron por un posible deterioro de las condiciones laborales y la exclusión de trabajadores locales.
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la medida apunta a resguardar la convivencia social y garantizar el normal funcionamiento de una actividad clave para el desarrollo económico regional, evitando mayores consecuencias sobre el sistema logístico y productivo de la zona.