La difusión de más de veinte audios que exponen un presunto circuito de sobornos en la compra de medicamentos, y en los que se menciona a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, desató un fuerte escándalo que alcanza directamente al presidente Javier Milei y a su círculo más cercano.
En ese marco, el abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia en los tribunales de Comodoro Py contra el mandatario, su hermana y otros funcionarios clave del gobierno, entre ellos Eduardo “Lule” Menem y Diego Spagnuolo, por supuestos hechos de corrupción millonarios.
La crisis política se trasladó rápidamente al Congreso, donde sectores de la oposición reclamaron la interpelación inmediata de los funcionarios involucrados. Como primera medida de control de daños, el Ejecutivo decidió desplazar a Spagnuolo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo que aparece en el centro de la trama.
Los alcances de la denuncia
La presentación judicial de Dalbón apunta a Javier y Karina Milei, a Lule Menem (subsecretario de Gestión Institucional y hombre de máxima confianza de la secretaria general), a Spagnuolo y al empresario Eduardo Kovalivker, dueño de la droguería Suizo Argentina.
Los delitos señalados incluyen cohecho, administración fraudulenta, desvío de fondos, asociación ilícita, estafa, cohecho activo y negociaciones incompatibles con la función pública.
Según la denuncia, los involucrados habrían conformado un esquema mediante el cual la droguería actuaba como canal de cobro y distribución de coimas, con retornos equivalentes al 3% de las operaciones, lo que representaría cerca de 800.000 dólares mensuales.
El mecanismo presuntamente ubicaba a los hermanos Milei como beneficiarios directos de los fondos, mientras que Menem y Spagnuolo cumplían el rol de intermediarios.
Impacto en el área de discapacidad
El señalamiento sobre la ANDIS agrava el cuadro: se trata del organismo encargado de garantizar prestaciones, insumos, terapias y apoyos fundamentales para personas con discapacidad.
De acuerdo con la denuncia, cada desvío de recursos hacia el esquema de coimas se traduciría en la pérdida de tratamientos de rehabilitación, prótesis, sillas de ruedas o medicamentos esenciales, afectando a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
