La Cámara de Diputados aprobó la modificación de la Ley de Glaciares en una sesión atravesada por fuertes cruces políticos y cuestionamientos ambientales. La iniciativa, impulsada por el oficialismo, introduce cambios en el régimen de protección de las zonas glaciares y periglaciares, generando un amplio debate tanto dentro como fuera del Congreso.
El proyecto establece una nueva distribución de competencias, otorgando a las provincias mayor protagonismo para determinar qué áreas deben ser preservadas en función de su valor hídrico. Este punto se convirtió en uno de los aspectos más controvertidos, ya que deja atrás un esquema uniforme a nivel nacional y habilita criterios diferenciados según cada jurisdicción.
Desde el Gobierno sostienen que la reforma permitirá incentivar inversiones, fortalecer la actividad minera y dinamizar las economías regionales. En contrapartida, sectores opositores, especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que los cambios podrían debilitar la protección de reservas estratégicas de agua dulce.
Durante el debate parlamentario también surgieron críticas vinculadas al desarrollo del tratamiento legislativo, con reclamos por la escasa participación social y objeciones al proceso de discusión.
La normativa original, sancionada en 2010, fijaba restricciones estrictas para las actividades industriales en áreas protegidas. La nueva redacción, en cambio, plantea un enfoque más flexible, marcando un giro relevante en la política ambiental del país.
