El concejal Emiliano Gómez Tutau presentó ante el Honorable Concejo Deliberante de Paraná un ambicioso proyecto de ordenanza que busca transformar la forma en que se gestionan las obras públicas en la ciudad. La iniciativa, titulada “Régimen de Participación de la Economía Social en el Mantenimiento de Obras Públicas Urbanas y Estratégicas”, será tratada en las próximas sesiones legislativas y apunta a fortalecer el desarrollo local a través de la contratación prioritaria de asociaciones de la economía social.
¿De qué se trata el proyecto?
La propuesta establece un marco normativo claro y transparente para que cooperativas, mutuales y otras entidades de la economía social puedan encargarse del mantenimiento preventivo y correctivo de obras públicas. Esto incluye desde grandes obras estratégicas hasta infraestructura urbana cotidiana como plazas, alumbrado, paseos y saneamiento.
Puntos clave del proyecto:
– Se crea un Registro Municipal público y digital de asociaciones de la economía social, como única vía habilitante para participar en los procesos de contratación.
– Toda obra pública deberá destinar al menos el 5% de su presupuesto inicial al mantenimiento por un período mínimo de cuatro años.
– Las asociaciones registradas tendrán prioridad de contratación, quedando exceptuadas de requisitos que aplican a empresas constructoras tradicionales.
– Se establece un sistema de adjudicación basado en rotación, sorteos públicos y criterios de equidad, garantizando transparencia y oportunidades para todas las entidades inscriptas.
– Se prevé la firma de convenios de capacitación técnica con universidades y organismos especializados para fortalecer la calidad del servicio.
Un modelo con impacto social
Según el concejal Gómez Tutau, este régimen busca “modernizar las políticas de contratación pública, generar empleo formal e inclusivo, y consolidar el rol estratégico de las cooperativas en el desarrollo urbano”. Además, se inspira en experiencias exitosas de otras ciudades como Rosario, Villa Gobernador Gálvez y Gualeguaychú.
Próximos pasos
El proyecto ya fue ingresado formalmente y se espera que sea tratado en comisión en las próximas semanas. De aprobarse, el Ejecutivo Municipal tendrá un plazo de 90 días para reglamentar su implementación.
Este tipo de iniciativas refuerzan el vínculo entre el Estado y las organizaciones comunitarias, apostando por una ciudad más justa, participativa y con infraestructura sostenible.
