Ante el anuncio de un recorte del 25% en las horas extras, los trabajadores del Ministerio de Salud de Entre Ríos realizaron una asamblea este lunes por la mañana en el edificio central. Allí definieron profundizar el plan de lucha ante lo que consideran un ajuste que afecta de forma directa sus ingresos mensuales.
La medida se motivo en el marco de una jornada en la que el gabinete de Salud mantenía una reunión en la sede ministerial. Los trabajadores decidieron movilizarse hasta allí, tras haber evaluado inicialmente sumarse a la Asamblea Interministerial en Casa de Gobierno.
Desde abril vienen solicitando una audiencia para discutir diversos temas, pero el anuncio del recorte los llevó a exigir información directa sobre su implementación. En ese contexto, Nadia Burgos, referente de izquierda y trabajadora del área, señaló que “en el área de Salud, las horas extras pueden representar hasta un 30% del salario mensual, y su recorte dejaría sueldos de entre 800.000 y 900.000 pesos, incluso para personal con más de 10 años de antigüedad”.
Además, citó a la Junta Interna de ATE INDEC, que establece como salario mínimo óptimo un monto de 1.600.000 pesos, por lo que estarían cobrando la mitad de lo necesario para cubrir el costo de vida. Y advirtió: “Nos preocupa que este recorte sea solo el comienzo de un ajuste mayor. No resuelve la situación fiscal y deja a los trabajadores en una situación aún más vulnerable”.
Desde la asamblea, se resolvió continuar con las acciones. Este martes habrá una nueva asamblea deliberativa desde las 8 en el Ministerio, y el miércoles se sumarán a la Asamblea Interministerial prevista en Casa de Gobierno a las 10 horas.
En ese contexto, los trabajadores denunciaron que más del 70% realiza horas extras para sostener un ingreso digno, y volvieron a reclamar la blanqueación de ese ítem y una recomposición salarial real, demandas que llevan años sin respuesta. “Ahora, encima, nos quitan una parte del ingreso informal que nos permite llegar a fin de mes” enfatizaron al respecto.
Por último, cuestionaron la lógica del ajuste. Consideran que el gobierno debería revisar otros gastos como viáticos, nombramientos y cargos políticos, en lugar de avanzar sobre “lo más sensible: el salario de los trabajadores”.