Se presentó una capacitación obligatoria en Derechos Humanos en el Estado
Un proyecto de ley ingresado a la Cámara de Diputados de la Nación propone capacitar obligatoriamente a agentes de los poderes del Estado en Derechos Humanos.
Unos 30 diputados respaldaron la presentación de un proyecto de ley que ingresó este miércoles a la Cámara Baja nacional y que establece la «capacitación obligatoria en la temática de Derechos Humanos para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías, en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, incluyendo la Defensoría del Pueblo y la Auditoría General de la Nación».
La iniciativa legislativa ingresó a la Cámara y será tratada en comisiones. Establece a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación como Autoridad de Aplicación, que tendrá a su cargo la capacitación de las “máximas autoridades” de cada poder y de sus principales organismos.
El proyecto enuncia los «contenidos curriculares» que formarán parte de la capacitación obligatoria. Serán:
– «principios básicos de derechos humanos»,
– «sistemas de protección nacionales, regionales e internacionales»,
– «prácticas respetuosas de los derechos humanos en la función pública»,
– «situación de grupos específicos», (niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, mujeres y diversidades, migrantes y pueblos indígenas)
e) «el proceso de Memoria, Verdad y Justicia en nuestro país», y
f) «derechos de los pueblos indígenas».
Los organismos estarán obligados a informar el grado de cumplimiento de las capacitaciones en su órbita.
La ley ordena, además, que las personas que «se negaran sin causa justa» a realizar las capacitacione estarán «sujetas al régimen disciplinario de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional».
De aprobarse, la ley regirá en todo el territorio de la Nación e invita a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las Provincias a adherir
En sus fundamentos, el proyecto recupera nociones y mandatos de tratados internacionales y la Constitución nacional y define como Derechos Humanos a la vida, la igualdad ante la ley, la libertad de expresión, el trabajo, la seguridad social, la educación, la igualdad y no discriminación, y la «participación y espacios de poder para los sectores postergados y excluidos».
Asimismo, considera que «el reconocimiento formal de los derechos por parte de los Estados no necesariamente implica su cumplimiento». Por ende, entiende necesario «reforzar la institucionalidad democrática de los Estados, fortaleciendo sus capacidades para implementar políticas públicas con enfoque de Derechos Humanos, que produzcan impactos concretos en el goce y ejercicio de derechos a nivel individual y colectivo».
Fuente: Diario UNO
