Nunca Más también implica frenar la violencia institucional
En la década del '60 Rodolfo Walsh hablaba del gatillo alegre, después de la masacre de Budge para las fuerzas de seguridad pasó a ser gatillo fácil
Valentino Blas Correa tenía 17 años, vivía en Córdoba junto a su familia y cursaba sexto año de educación secundaria. Amaba el fútbol y era hincha de Belgrano. El 6 de agosto del 2020, decidió salir a comer a un bar del centro con sus amigos. De regreso a su casa, mientras él ocupaba el asiento de atrás del auto, dieron en una calle un giro equivocado.
Unos metros más adelante, según muestran las cámaras de seguridad que se registraron después del hecho, había dos patrulleros y policías con armas esperándolos. Lo cual hizo que los jóvenes se asustaran y no se detuvieran. Sin más aviso, la policía comenzó a perseguirlos y a disparar contra el rodado.
“cuidate si andás por la calle, la yuta te puede cazar”
Por la luneta del auto ingresó el tiro que recibió Blas. Sus amigos decidieron llevarlo a una clínica que, dato no menor, se negó a atenderlo. Hicieron todo lo posible para ayudarlo. Pero camino al hospital la policía volvió a aparecer y les impidió seguir. Blas murió sin ser atendido.
El 7 de septiembre del 2021 comenzó el juicio por su muerte, llegando recientemente a una sentencia. De los 13 policías imputados, dos oficiales fueron condenados a prisión perpetua, mientras otros nueve recibieron penas por intentar encubrir el homicidio de entre 1 y 5 años.
El hecho de que la sociedad en conjunto exigió a la Justicia ser eficaz para que este no se convierta en otro caso más de violencia policial impune, fue para la provincia de Córdoba histórico. Marcando un antes y un después en la visibilización, que las instituciones judiciales se hayan comprometido marca un puntapié y simboliza una gran decisión para que casos como este sean la regla y no la excepción. Mostrando claramente la fractura en la confianza de la población hacia las fuerzas de seguridad y la Justicia, a la par de la necesidad de volver a construirla.
«Tengo 22 años y para mí la violencia institucional antes de todo esto estaba solo en los libros de historia.” señaló Juan Segundo, hermano de Blas, en una entrevista.
El señalamiento que se realizó en el juicio, por parte de las autoridades, de la familia y de las organizaciones sociales que acompañaron fue un fuerte reclamo a revisar la capacitación que se le da a las fuerzas de seguridad. Viendo la urgencia de que se lleven adelante capacitaciones pertinentes para frenar la repetición de la violencia institucional que hasta ahora solían ejercer casi sin ninguna consecuencia.
Es este caso una puerta para hablar de violencia institucional, un concepto que a pesar de tener un trayecto importante en nuestro país parece muchas veces ausente, ante el desconocimiento o las posiciones de la sociedad que lo rodean.
El Derecho Internacional de los Derechos Humanos plantea que todo uso de la coacción por parte del personal de las fuerzas de seguridad debe ser excepcional, utilizado como último recurso. Teniendo prioridad la obligación de respetar y proteger el derecho a la vida, a la integridad física, a la dignidad y a la seguridad.
Cuando decimos violencia institucional solemos apuntar a situaciones que involucran tres componentes: prácticas específicas, funcionarios públicos y contextos de restricción de autonomía y de libertad. Sin embargo, hay diversos hechos que a pesar de no ser directamente causados por agentes del Estado, se puede rastrear formas de responsabilidad estatal. La violencia institucional puede no ser ejercida de manera directa, y eso no le resta bajo ningún punto, su gravedad. Existe entonces en estos casos, una violación a los Derechos Humanos que puede darse por acción u omisión.
La denegación de acceso a un servicio, como sucedió con Blas, es tan condenable como el hecho de haber disparado a un auto sin razón alguna o el querer justificarse con un enfrentamiento inexistente. Negarle a alguien un servicio de salud es violencia institucional. Debe exigirse en cada acontecimiento similar que las fuerzas rindan cuentas sobre su accionar.
La continuidad de dispositivos represivos, de atropellos sistemáticos a los Derechos Humanos, de muertes y desapariciones por parte de las fuerzas de seguridad en nuestro país no son excepciones. Son resultado de una política criminal punitivista que otorga las condiciones de posibilidad, que indirectamente legítima y propicia las prácticas violentas de los agentes estatales. No solo de los uniformados, sino también comprendiendo el sistema de salud y el sistema penal.
«Muchas mamás dijeron: “Podría haber sido mi hijo”. Muchos chicos dijeron: “Podría haber sido yo”. Por eso tanta gente acompaña, porque puede ser cualquiera.» Sostuvo Soledad Laciar, madre de Blas en una nota con Infobae.
Cuando retornamos durante la década del ’80, a la democracia, pensábamos que era propio de la dictadura militar todo lo vinculado a las violaciones de los Derechos Humanos. Desde las torturas, a las detenciones ilegales, al gatillo fácil, a la desidia y los desaparecidos. Sin embargo, llegando a la celebración de sus 40 años, han encontrado otros métodos para seguir realizándose. Desde la averiguación de antecedentes, la construcción de un sujeto que se identifica como sospechoso, la falta de acceso a la Justicia, o simplemente, la negación de los sucesos.
Nos queda mucho por hacer todavía para alcanzar esa democracia justa y plena que tanto celebramos, ya sea desde la implementación de políticas de prevención o desde la mejora de herramientas y la suma de capacitaciones a la institución policial. Pero visibilizar los hechos y entender en ellos quién es víctima y quién victimario, es un destacable primer paso.
Decir Nunca Más, también tiene que ser frenar por completo la violencia institucional.
Por: Zul Bouchet
