El Senado argentino vivió un nuevo episodio de división en la oposición dialoguista, marcada por diferencias entre radicales y legisladores del PRO. En este contexto, el peronismo y el radicalismo, junto a referentes provinciales, respaldaron el proyecto de reforma jubilatoria que ya había sido aprobado en Diputados en junio, exponiendo al presidente Javier Milei a un potencial veto, dado que él mismo había objetado el elevado costo fiscal de la reforma.
La discusión en el Senado reflejó una nueva fractura en la oposición, con la vicepresidenta Victoria Villarruel aparentemente apartada del debate por su propio partido. Tras el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Trabajo y Previsión Social, el peronismo y el radicalismo acordaron un dictamen conjunto que reproduce lo aprobado en Diputados, mientras que La Libertad Avanza, junto con dos radicales disidentes (Vischi de Corrientes y Zimmermann de Chaco), propusieron una versión que oficializa el decreto vigente.
Este giro sorprendió al oficialismo, que ese mismo día había sufrido un revés en Diputados al no alcanzar el quórum necesario para sesionar, debido a la decisión del bloque Hacemos Coalición Federal, liderado por Miguel Pichetto.
En relación con la reforma jubilatoria impulsada por el peronismo, se especulaba con la firma de distintos dictámenes o con una versión en disidencia en el Senado. Sin embargo, parte de la oposición dialoguista, alineada con Martín Lousteau y el senador Pablo Blanco, no respaldó la versión oficialista que introducía cambios sustanciales al proyecto aprobado en Diputados. La Libertad Avanza se oponía al pago retroactivo del 8,1% a jubilados, debido al elevado costo fiscal estimado en 0,44% del PBI para este año según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), y proponía iniciar los pagos a partir de la entrada en vigencia de la nueva ley.
Otros puntos de controversia incluyen el nuevo piso jubilatorio y el plus por crecimiento económico, además de la cancelación en seis meses de las deudas con las cajas previsionales de 13 distritos que no fueron transferidos a la Nación. La oposición en Diputados logró que esta deuda no se pagará con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de Anses, sino con impuestos específicos como el impuesto al cheque, el PAIS y el IVA. El proyecto de ley aprobado en Diputados establece que las jubilaciones se ajusten en función del último dato de inflación con dos meses de rezago, siguiendo la fórmula de movilidad vigente desde abril. También estipula un incremento del 8,1% retroactivo para compensar la pérdida del poder adquisitivo ocurrida en enero de este año, tras una suba del IPC del 20,6%, cuando el Gobierno solo otorgó un aumento del 12,5% por decreto y suspendió la fórmula de movilidad jubilatoria anterior.
Además, la ley propone un aumento del 50% en marzo de cada año basado en la variación salarial (según Ripte) y el IPC, para mejorar las jubilaciones en contextos de crecimiento económico. También establece que el haber mínimo tenga un piso equivalente al 1,09 del valor de la Canasta Básica Total medida por el Indec. Así, en agosto, los haberes mínimos deberían haber alcanzado los 308.011 pesos, por encima de los 295.540 pesos actuales (incluyendo un bono de 70.000 pesos).
Según la OPC, el impacto fiscal del nuevo Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones para el próximo año se estima entre 0,69% y 0,80% del PBI, dependiendo de las variaciones de precios y salarios. Además, si se cancelan las deudas con las cajas previsionales provinciales y los juicios particulares, el Estado podría perder su superávit primario, con un costo estimado en 703.353 millones de pesos, equivalente al 0,13% del PBI.
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