El decreto firmado por Javier Milei invalida el Decreto de Necesidad y Urgencia de su predecesor, Alberto Fernández, que permitía al Enacom determinar los incrementos en los servicios.
Una de las motivaciones detrás de esta reforma es incentivar la inversión en infraestructura de telecomunicaciones
El Gobierno nacional revocó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/2020 promulgado durante la gestión de Alberto Fernández en 2020, el cual declaraba como servicios públicos esenciales a internet, la telefonía y la televisión por cable.Esta acción fue llevada a cabo mediante otro decreto, el 302/2024, publicado recientemente en el Boletín Oficial, que pone fin a la regulación de precios del mercado a través del Enacom, organismo encargado también de establecer los aumentos.
El nuevo decreto establece que los licenciatarios de Servicios de TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) fijarán sus precios, los cuales deben ser justos y razonables, cubrir los costos de explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación.
Previo al nuevo decreto, el Enacom podía fijar los aumentos de los servicios. Ahora, los licenciatarios de servicios TIC podrán establecer sus tarifas.
Esta medida busca fomentar la competencia y promover inversiones para mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a los consumidores. Durante la pandemia de Covid-19 y la cuarentena decretada por el Gobierno anterior, estos servicios fueron declarados esenciales y su regulación tarifaria estaba a cargo del Ente Nacional de Comunicaciones.
“Resulta de suma urgencia liberar el mercado y obtener el libre desarrollo de tales servicios”, sostiene la norma. Ahora se espera la decisión de los prestadores para saber qué aumentos aplicarán en adelante.
La mayoría de las grandes empresas no ajustaban sus tarifas conforme a esta sentencia judicial. Sin embargo, las pequeñas cooperativas ubicadas en áreas rurales aún estaban sujetas a la regulación que el gobierno de Milei ahora planea eliminar por completo.
