Jefes de bloques dialoguistas cerraron modificaciones al texto tras reuniones con Menem y Francos. El oficialismo espera apoyo del PRO, federales y de parte de la UCR.
Tras una jornada contrarreloj en la oficina de Martín Menem, el Gobierno, a través de funcionarios de primera línea, accedió a modificar un centenar de artículos de la ley ómnibus y considera tener entre manos un acuerdo con la oposición dialoguista: PRO, federales de Miguel Ángel Pichetto y parte de la UCR, que anoche pedía más cambios.
Los distintos bloques esperaban que hoy llegue el borrador definitivo para ver plasmadas las modificaciones solicitadas al texto. El martes es el día que el gobierno prevee que llegue el dictamen, en la previa del paro que la CGT llevará a cabo el 24 de enero.
Fueron seis jornadas de debate para 664 artículos: funcionarios del Gobierno y representantes de la sociedad civil sentaron su postura al respecto de la ley ómnibus, que aún no pasó la instancia del plenario de comisiones de Diputados.
No se conoce ningún dictamen: ni del oficialismo, ni de la oposición más férrea, ni tampoco de los partidos dialoguistas. Es por eso que Guillermo Francos y Martín Menem, dos de los principales articuladores legislativos de La Libertad Avanza, tuvieron una intensa jornada de reuniones para concretar el texto final. Uno de los puntos centrales está dado por la eliminación de la movilidad jubilatoria, donde se buscaría una solución intermedia para que los jubilados no pierdan contra la inflación. También se revisarán caso a caso las retenciones a las economías regionales, con posibles compensaciones.
Tras no poder presentar el borrador que le prometieron para ayer jueves a los diputados opositores de la mesa de negociación, todos los actores del Gobierno despejaron sus agendas para encontrarse con referentes de sectores que rechazaban a las reformas, así como también a los líderes de las bancadas dialoguistas. Desde la vicepresidenta Victoria Villarruel hasta el secretario de Energía Eduardo Rodríguez Chirillo, pasando por el asesor de comunicación Santiago Caputo: todos estuvieron dedicados a intervenir en el proyecto que se busca aprobar la semana que viene.
Entre los diputados convocados para las reuniones estuvieron Cristian Ritondo y María Eugenia Vidal, del PRO, mientras que también se conoció el rol activo del cordobés Oscar Agost Carreño y la porteña Paula Oliveto (ambos de Hacemos Coalición Federal) en la redacción de las reformas, que ascenderían a un centenar de artículos.
“Estoy seguro que nos encaminamos para que la semana que viene tenga media sanción la ley que estamos debatiendo”, analizó Ritondo, jefe del bloque del PRO.
Desde el radicalismo esperaban el nuevo borrador después de que Rodrigo de Loredo le pidiera a Martín Menem las devoluciones a sus demandas: a las sugerencias formales y a las ya reiteradas, subrayaron la necesidad de no tocar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES que otros dialoguistas estaban dispuestos a que se destine a deudas provinciales.
Mientras tanto, los legisladores misioneros de Innovación Federal desistieron de la posibilidad de acompañar al paquete de reformas en su conjunto, aunque están dispuestos a discutir ley por ley. “Recibieron muchos de los puntos, lo fiscal sobre todo, pero falta el detalle, el nuevo articulado para poder ver los cambios”, expresaba a este medio un diputado radical inmiscuido en las negociaciones.
Sin el radicalismo, el oficialismo debe sacar calculadora: con el apoyo del PRO y Hacemos Coalición Federal llega a 98 bancas y si suma a posibles aliados alcanza los 107 votos, cuando se precisan 129 para aprobar el proyecto. No obstante, en La Libertad Avanza confían en que al menos parte de la UCR apoyará el texto definitivo.
La Libertad Avanza juega al límite con los plazos disponibles para obtener dictamen. Los diputados no fueron convocados a un nuevo plenario para hoy, por lo que la posibilidad de que avance una redacción de la ley no llegaría hasta la semana que viene.
Desde que empezó a debatirse en el plenario de comisiones, la redacción original de la ley ómnibus ha sufrido una serie de modificaciones a partir de la presión de gobernadores, las demandas de los diputados opositores que acceden a las mesas de negociación y las intervenciones de actores de la sociedad civil en Diputados. Estas reformas habrían dado forma al dictamen final que dará a conocer al Gobierno: representaría una apuesta, ya que -por la postura del Presidente- no habría posibilidad de nuevos cambios.
Algunas de los puntos de la ley original que no serían incluidos en el nuevo borrador están orientadas a excluir del listado de empresas a privatizar a YPF, eliminar la reforma política del paquete de extraordinarias, no avanzar con la ley de hidrocarburos (tras los reclamos de las provincias petroleras) ni en la industria azucarera o la pesca. Asimismo, el Gobierno aceptó sugerencias respecto a reducir las facultades extraordinarias a un año, a tachar la prohibición de encuentros de tres o más personas, modificaciones al Código Civil y cuestiones ligadas a la cultura o la salud mental, entre otras.
