El proceso de licitación para la operación de la Hidrovía Paraná-Paraguay avanza con cronograma definido y bajo una nueva estructura técnica y legal. Según trascendió, el pliego definitivo se publicará entre octubre y noviembre de este año, con el objetivo de adjudicar el contrato en el primer semestre de 2026.
El nuevo esquema busca dejar atrás el proceso anterior, anulado en febrero tras denuncias por falta de transparencia. Esta vez, cada etapa será auditada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), en el marco de un convenio ya vigente desde la gestión de Mauricio Macri.
La Hidrovía, que se extiende por más de 1.200 kilómetros desde Confluencia hasta el Océano Atlántico, es clave para la exportación agroindustrial argentina: por este corredor circula el 80% de las exportaciones de granos, harinas y aceites, lo que representa cerca de 28.000 millones de dólares anuales.
Principales definiciones del nuevo pliego
-Duración de la concesión: Se reducirá de 30 a 20 años, considerada como la extensión mínima para amortizar inversiones en dragado sin generar restricciones a la competencia.
-Participación privada plena: El modelo prevé un esquema 100% privado. Las tareas de dragado, el cobro del peaje y la supervisión operativa estarán en manos de empresas privadas. El Estado cumplirá funciones de control a través de una mesa de inspección integrada por usuarios, Prefectura, provincias y actores privados.
-Exclusión de empresas estatales extranjeras: Se mantendrá la cláusula que impide la participación de compañías controladas por Estados extranjeros, lo que deja fuera a dragadoras chinas, entre otras.
-Tope tarifario: El pliego incluirá un tope que limita las tarifas al costo actual. Se espera que la competencia lleve a una reducción efectiva de las tarifas, acompañada de mejoras tecnológicas que reduzcan los tiempos de navegación y, por lo tanto, los costos logísticos.
-Auditoría y participación técnica: El diseño del pliego se realiza en mesas de trabajo técnicas que ya se llevaron a cabo en Buenos Aires, Santa Fe y Rosario, y continuarán en Paraná y en Chaco o Corrientes. En estas reuniones participan entre 80 y 100 representantes del sector público y privado, incluidos puertos, universidades, empresas agroexportadoras y cámaras de navegación.
Uno de los temas más avanzados en el análisis técnico es la definición de anchos de canal y zonas de sobrepaso. Se trabaja con informes detallados que identifican punto por punto los lugares críticos donde la sedimentación impacta la navegabilidad.
Situación de la deuda con Jan de Nul
Según consignó Ámbito Financiero, la deuda de 78 millones de dólares con la empresa Jan de Nul, que en principio debía asumir el nuevo concesionario, continúa bajo revisión. Actualmente es administrada por la Administración General de Puertos (AGP), y se evalúa una alternativa que garantice neutralidad para los futuros oferentes.
Tras las mesas de trabajo previstas para julio y agosto, se realizará una audiencia pública. El llamado formal se haría entre octubre y noviembre, y las empresas interesadas tendrán entre 60 y 90 días para presentar ofertas. Se estima que participarán entre 4 y 5 grandes dragadoras internacionales, posiblemente asociadas con firmas locales.
Con este rediseño, el Gobierno apunta a generar un proceso competitivo, transparente y eficaz que permita reducir los costos logísticos del comercio exterior argentino y asegurar el funcionamiento estratégico de la vía navegable más importante del país.
