Escuelas tomadas: Repudio al gobierno porteño por enviar policías a las casas de los estudiantes
Crece el rechazo a la decisión de la administración de Horacio Rodríguez Larreta de amedrentar a las familias de las y los estudiantes que participan en las tomas de las escuelas mandando uniformados a sus hogares.
Las tomas en las escuelas de la Ciudad en reclamo de viandas, infraestructura edilicia y por prácticas en empresas, se multiplicaron mientras diversos organismos de defensa de los derechos de los niños y adolescentes pidieron el inicio de un canal de diálogo y el cese del hostigamiento a los estudiantes y sus familias.
De acuerdo al Ministerio Público de la Defensa (MPD), llegaban a 21 los colegios tomados, mientras que las familias comenzaron a organizarse a través de diferentes organismos y abogados para responder a las advertencias de denuncias penales y contravencionales que les llegan a sus domicilios a través de la Policía de la Ciudad.
«Esta no es la primera vez que hay tomas en escuelas porteñas, pero no hay antecedentes de una respuesta tan hostil de parte de las autoridades; no tiene sentido que se haya hablado de denuncias penales cuando no hay ninguna posibilidad de darles un encuadramiento penal a las tomas», dijo a Télam Marcela Millán.
La funcionaria destacó que los padres se han ido acercando al MPD a la medida que recibían las notificaciones; aunque «no tenemos todavía una aproximación de la cantidad de familias notificadas entendemos que vamos a estar hablando de una cantidad muy importante de acuerdo a las dimensiones del operativo montado por el Gobierno de la Ciudad a través de la Policía de la Ciudad».
Millán también dijo que «tampoco se justifica haber puesto efectivos policiales en la entrada de los establecimientos educativos a tomar lista de quienes ingresan, y mandar a la policía a las casas de las familias a labrar las notificaciones», lo que consideró «un acto violento que nunca había pasado antes».
La funcionaria, abogada especialista en Mediación y en Derecho Penal, explicó que las familias notificadas tienen 72 horas para presentarse ante la fiscalía.
«En las actas se los acusa por infracción al artículo 60 del Código Contravencional que forma parte del capítulo destinado a custodiar la libertad personal -continuó–, pero eso es muy confuso porque habla del derecho de admisión en establecimientos de acceso público y en las escuelas están los estudiantes, sus familias y directivos, con lo que no se termina de entender cómo se configuraría una contravención», indicó.
El secretario de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación, Gabriel Lerner, dijo que el conflicto sucede «porque no se habilitan mecanismos institucionales de diálogo permanente, de participación en los chicos y las chicas al menos como de forma consultiva en la conducción de las escuelas».
Lerner recordó que en 2018 estudiantes secundarios realizaron «ocupaciones pacíficas y actividades de protesta» en colegios porteños y las autoridades también realizaron denuncias a las familias «en la justicia penal y contravencional de la Ciudad, diciendo que eran autores junto con sus hijos de una contravención y de los perjuicios económicos».
«En aquel momento yo no era funcionario, no era secretario ni tenia ninguna función pública», dijo en declaraciones a Télam, pero como abogado especialista en derechos humanos y del niño las familias le pidieron que asuma la defensa técnica de los acusados.
«Allí señalamos que la imputación o la acusación parecía considerar a los adolescentes como objeto». planteó.
La justificación de Acuña
La ministra de Educación porteña Soledad Acuña, justificó las medidas y la decisión de demandar a las familias con 1,5 millones de pesos por cada día de toma.
«El costo de las tomas lo pagan los chicos con días perdidos de clase y los ciudadanos que sostienen la educación pública con sus impuestos. impulsamos las denuncias penales y las demandas civiles a los adultos responsables de los estudiantes que participan», detalló la ministra en su cuenta de Twitter.
Y añadió: «Son ellos quienes tendrán que asumir con su patrimonio el costo de los salarios por cada jornada escolar perdida».
«Esta persecución a los alumnos y padres se está viviendo como una normalidad y eso me parece una locura. No es normal perseguir al que piensa distinto», dijo a Télam, Marcelo, padre de una alumna que asiste a la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas N°2 «Mariano Acosta», la primera que inició una toma el pasado viernes.
Los organismos se manifestaron en contra del gobierno porteño
El asesor tutelar de Cámara, Gustavo Moreno, dijo que el gobierno porteño «se aparta la ley», que en su artículo segundo establece que esas prácticas no son obligatorias sino optativas y que los chicos deben estar acompañados por un adulto responsable.
Por su parte, la defensora de los Niños y Adolescentes de la nación, Marisa Graham, reclamó el cese del hostigamiento y amedrentamiento del gobierno porteño hacia los estudiantes y sus familias y pidió informes al Ministerio de Educación sobre los canales de diálogo que está implementando para que los estudiantes puedan ser escuchados.
La voz de los padres
Madres y padres de estudiantes que participan de tomas en escuelas secundarias recibieron notificaciones en las que se les informó que esa acción infringe el artículo 60 del Código Contravencional porteño, lo que consideraron un acto de «criminalización de la protestas» que «persigue al que piensa distinto», según dijeron a Télam.
Lejos de convocar al diálogo, el Ejecutivo porteño eligió escalar el conflicto de la toma de escuelas. Desde la noche de este martes y durante la madrugada, móviles policiales empezaron un “timbreo” muy particular.
Las patrullas de la policía porteña llegaron hasta los domicilios particulares entre de padres del Mariano Acosta y el Lenguas Vivas (el “Lengüitas”), en algunos casos pidiendo información sobre horarios y datos personales. En otros, exigiendo la firma de una notificación extraña.
Repudio a las intimidaciones
Referentes políticos, sociales y de derechos humanos manifestaron su rechazo y preocupación por el accionar del gobierno porteño que este martes por la noche envió efectivos de la Policía de la Ciudad a las casas de las familias de los estudiantes que realizan tomas en escuelas públicas, para notificarlos que deberán pagar de $1,5 millón por cada día de toma.
¡La defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, María Rosa Muiños, pidió que haya diálogo entre el Gobierno porteño y los estudiantes».
«Entre este miércoles y jueves saldrá un pedido de nuestro organismo convocando a las autoridades del Ministerio de Educación porteño, a los directivos y a los representantes de los centros de estudiantes para sentarnos a dialogar», aseguró Muiños, quien resaltó que el intento de diálogo es «una situación difícil».
«De hecho, la Defensoría hizo un operativo esta semana visitando colegios secundarios de gestión pública para ver el estado de la infraestructura y en algunos no nos permitieron ingresar argumentando que tenían una nota del Ministerio de Educación que lo prohibía», argumentó.
Además, Muiños sostuvo que «el Gobierno porteño considera que tanto la salud como la educación tienen que ser cogestionadas con el sector privado y que eso los exime de responsabilidad».
En tanto, el CELS alertó que las medidas del Ejecutivo local «cumplen con el rol de atemorizar y debilitar la organización de las protestas».
«La campaña del Gobierno de la Ciudad para amedrentar a estudiantes y familiares que participan en las tomas de las escuelas continuó ayer con policías en patrulleros que fueron a notificar a los jóvenes denunciados a las puertas de sus casas», expuso la organización en un hilo de Twitter.
Además enumeró las «medidas intimidatorias» del Gobierno porteño a lo largo de la semana.
«La primera fue amenazar en los medios de comunicación con hacerles denuncias penales a padres y madres de les alumnes», sostuvo, mientras otra de ellas fue el pedido a la Procuración General por parte de la ministra de Educación Soledad Acuña de exigir «que les padres y madres del colegio Mariano Acosta paguen un millón y medio de pesos diarios el tiempo que dure la toma».
En tanto, «les alumnes del Lenguas Vivas, Lorca y Liceo 5 denunciaron el martes que en las cercanías de las escuelas, policías les pidieron identificación e información sobre docentes y sobre lo que sucedía en las tomas», continuó la publicación.
«Aunque estas medidas no sean viables jurídicamente, cumplen con el rol de atemorizar y debilitar la organización de las protestas. Estas estrategias implican restringir derechos y legitimar la respuesta estatal violenta», concluyó.
Al respecto, el director del Área de Litigio y Defensa Legal del centro estudiantil, Diego Morales, dijo a Télam que le parecía «absolutamente inviable» que el gobierno porteño pueda tomar acciones legales contra los padres de los adolescentes, pero «este martes a la tarde nos enteramos que efectivamente se pasó al acto».
Y relató que distintas familias empezaron a recibir notificaciones vinculadas con el inicio de acciones contravencionales. «Esta idea de pensar el problema a partir de su criminalización, entonces ahora todos estamos sobre la criminalización y no sobre las cuestiones de fondo», añadió.
Por último, Morales destacó el efecto inhibidor que tiene esto que hace el GCBA porque las familias están ahora en una situación dilemática entre acompañar a sus hijos en su reclamo o discutir la necesidad de dar marcha atrás, «esto es lo que se logra con ese proceso de criminalización, lograron que la protesta se reduzca a su mínima expresión».
«El Gobierno de CABA dio ‘órdenes’ al Poder Judicial y a la Policía de la Ciudad para amedrentar a familias de estudiantes en sus casas en plena noche. Apelan a la persecución y el disciplinamiento para gobernar. Es gravísimo. Es la esencia de la nefasta antipolítica de Larreta», publicó en Twitter la ministra de las Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta.
«¿Dónde está Horacio Rodríguez Larreta mientras manda a la policía a notificar una contravención municipal en los domicilios de padres y madres de estudiantes secundarios en medio de la noche?», se preguntó la senadora por el Frente de Todos (FDT), Juliana Di Tullio, en su cuenta de Twitter, y recordó que, semanas atrás, había pedido «la presencia de la Federal en las cuevas ilegales» y fue criticada bajo el argumento de «la desprotección de los porteños».
«Hoy, la policía notifica a miles de hogares de estudiantes en plena madrugada. ¿CABA no está desprotegida esta noche?», expresó Di Tullio.
El Gobierno de CABA dio “órdenes” al Poder Judicial y a la Policía de la Ciudad para amedrentar a familias de estudiantes en sus casas en plena noche. Apelan a la persecución y el disciplinamiento para gobernar. Es gravísimo. Es la esencia de la nefasta antipolítica de Larreta.
— Eli Gomez Alcorta (@EliGAlcorta) September 28, 2022
¿Dónde está @horaciorlarreta mientras manda a la policía a notificar una contravención municipal en los domicilios de padres y madres de estudiantes secundarios en medio de la noche?
— Juliana di Tullio (@ditulliojuli) September 28, 2022
Desde la Izquierda, la diputada del Frente de Izquierda (FIT) Myriam Bregman denunció que el jefe de gobierno porteño «usa a la justicia como un apéndice de su gabinete» y añadió: «Ahora están intimidando a las familias de los pibes y pibas que tomaron colegios, los amenazan con cobrarles millones. Cuando los ruralistas entraron a la ciudad con sus tractores los aplaudió. Organicemos ya el repudio».
«La exagerada y represiva respuesta del gobierno de la Ciudad frente a las tomas de colegios logró sacar la atención del reclamo: el escándalo de las viandas (en cantidad y calidad), el estado de las escuelas y el trabajo gratuito al que quieren someter a las y los estudiantes», agregó esta mañana en otro tuit.
Las tomas de escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires por parte de los estudiantes continuaban esta mañana en reclamo de viandas, mejor infraestructura edilicia y en contra de las prácticas laborales en empresas, luego de que el martes la ministra de Educación porteña, María Soledad Acuña, anunciara que reclamará a las familias de los alumnos involucrados el pago de $1,5 millón por cada día de toma.
Además de las tomas, en muchos colegios, como el Mariano Acosta, donde se inició el conflicto el viernes pasado, los alumnos realizaron un pernocte dentro de sus instalaciones, mientras la escuela de Comercio Carlos Pellegrini es la primera institución que no depende de la Ciudad de Buenos Aires que se sumó anoche a la medida.
Según denunciaron varios padres de estudiantes a través de las redes sociales, anoche efectivos de la policía porteña concurrieron a sus domicilios particulares para informarles a los padres sobre la multa que deben pagar.
Desde la agrupación Hijos por la Identidad, la Justicia, contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.) consideraron «absolutamente repudiable la persecución de Larreta a estudiantes y sus familias en lucha».
«Le hablan de derechos y responde con Policía, para la misma que la Ciudad pretende concretar el uso de picanas portátiles (taser)», expresó la organización de derechos humanos.
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) repudió «la persecución del Gobierno de la Ciudad a estudiantes y familias» al tiempo que cuestionó que efectivos de la Policía porteña sean utilizados «para identificar, hostigar e intimidar a los estudiantes y sus familias».
«Desde la Ctera repudiamos la persecución del Gobierno de la Ciudad a estudiantes y familias, con el objetivo de intimidar a los jóvenes que están ejerciendo su derecho a la protesta», se pronunció la entidad gremial a través de un comunicado.
Además, la confederación que reúne a los gremios docentes del país advirtió que «la utilización de efectivos de la Policía de la Ciudad para identificar, hostigar e intimidar a los estudiantes y sus familias nos retrotrae a épocas oscuras del país y va en contra del espíritu democrático».
Fuente: Télam
