"Lo que propone es impracticable salvo que renunciemos al Estado de derecho y vayamos a un Estado totalitario que, con la excusa de la seguridad, vulnere garantías básicas como el derecho de defensa", replicaron desde el CELS.
La carrera de Patricia Bullrich por el voto reaccionario no reconoce límites, ni siquiera en la Constitución o en los tratados internacionales de derechos humanos. La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) propuso registrar las conversaciones entre personas privadas de la libertad y sus abogados. Los distintos expertos consultados coincidieron en señalar que esa iniciativa destruiría el derecho de defensa que le asiste a cualquier ciudadano, que es contraria al Estado de derecho y, por ende, impracticable. La propuesta de la exministra de Seguridad trajo una reminiscencia de una de las prácticas que se extendieron durante el gobierno de Mauricio Macri: el espionaje sobre los exfuncionarios y empresarios kirchneristas que estaban presos, que incluyó la grabación de sus comunicaciones y su filtración en medios de comunicación –que fue tan extendida y escandalosa que obligó incluso a la Corte Suprema a intervenir.
Después de anunciar en un spot que construiría un penal de máxima seguridad con el nombre de Cristina Fernández de Kirchner, Bullrich no abandonó la senda punitivista. Dijo que quería cárceles especiales para “narcos y asesinos peligrosos” en las que no tengan contacto con otras personas y que incluso se restrinja su trato con los agentes penitenciarios que están a su cuidado. “El aislamiento es el impedimento total para seguir cometiendo crímenes”, explicó su teoría Bullrich en una entrevista con el periodista Alejandro Fantino.
En el reportaje, la exministra de Seguridad agregó que la defensa del preso se graba. “Cuando vos tenés un preso que le puede estar mandando un mensaje a alguien, vos grabás su conversación con su defensa”. Su interlocutor le respondió que era imposible. “Vamos a ponerlo en el Código Penal”, redobló la apuesta. Bullrich incluso llegó a mencionar que esas grabaciones podrían almacenarse preventivamente para investigar delitos futuros.
Juristas y referentes de organismos de derechos humanos coincidieron en que no hay posibilidad de que la candidata de JxC avance en esa línea. “Desde el punto de vista jurídico, lo que propone Bullrich es impracticable salvo que renunciemos al Estado de derecho y vayamos a un Estado totalitario que, con la excusa de la seguridad, vulnere garantías básicas como el derecho de defensa. Es inconstitucional porque va en contra del artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que Argentina suscribió en 1984 al recuperar la democracia y que tiene rango constitucional desde 1994”, afirmó Manuel Tufró, director del área de Violencia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Tufró remarcó que prácticas similares se implementaron durante el gobierno de Cambiemos en las cárceles para realizar operaciones político-mediáticas –como quedó acreditado en la causa que se centró en las andanzas de los espías conocidos como Súper Mario Bros. “Nada de eso se usó para investigar mercados ilegales, sino que se creó un nuevo mercado ilegal de escuchas telefónicas”, sostuvo el integrante del CELS.
Alejandro Rúa fue uno de los letrados escuchados durante la gestión Cambiemos y que denunció estos métodos–incluso ante organismos internacionales. Para él, Bullrich insiste en la ilegalidad. “Las comunicaciones abogado-cliente son siempre confidenciales y el Estado debe asegurarlas con el mayor resguardo si además el cliente está preso. La normativa de jerarquía constitucional y las reglas de interpretación del sistema internacional son claras y expresas, pero aún insiste en la ilegalidad que ya transitó durante su última gestión ministerial con los Marcelo D´Alessio y los Súper Mario Bros”, apuntó.
"Fantino":
— ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 3, 2023
Por comentarios sobre este momento de su entrevista a Patricia Bullrich pic.twitter.com/YGikQJeIqq
El excamarista federal y actual presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), Ricardo Gil Lavedra, se manifestó contrario a cualquier intromisión en el vínculo entre una persona y su defensor. “El principio es muy claro: las conversaciones entre un cliente y su abogado tienen que ser confidenciales porque, de lo contrario, se afecta el derecho de defensa. El cliente deposita en el abogado una relación de confianza y ésta le debe permitir expresarse con toda libertad”, explicó. “Sin embargo, tengo la sensación de que Patricia Bullrich se está refiriendo a otros casos en los que el abogado ya no actúa como defensor sino como un emisario de un narcotraficante. De todos modos, cualquier intervención debería hacerse, por supuesto, con orden judicial. Esperemos que esto se aclare bien”, puntualizó.
Para María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), lo que plantea Bullrich es insostenible y violatorio de las garantías procesales. “La privacidad y confidencialidad de la comunicación abogado-cliente son la piedra angular del debido proceso”, resaltó.
Fuente: Página12
