Como había anunciado durante la campaña, el gobierno de Javier Milei suprimió el Ministerio de las Mujeres, reubicándolo en el rango de subsecretaría dentro del Ministerio de Capital Humano.
«No se frena nada»: esa es la definición que regirá las actividades de las trabajadoras del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Al menos para los próximos tres meses, plazo por el que se les extendió el contrato a las personas que se encargaban de llevar adelante los programas de capacitación contra las violencias de género, de asistencia a las víctimas o del seguimiento de cumplimiento de leyes para la igualdad laboral y económica.
Este lunes se llevó adelante la primera reunión de transición con dos asesores del Ministerio de Capital Humano, de la que participaron los directores y directoras en funciones. Calificaron que «fue una reunión en buenos términos», en donde se confirmó que el rango del organismo pasará a ser una subsecretaría que dependerá directamente de la ministra Sandra Pettovello.
Sin embargo, no existen precisiones sobre qué programas o políticas tendrán continuidad, según los criterios de la nueva gestión. En este aspecto, resta conocer quién será la nueva titular del área para suceder a Ayelén Mazzina.
La situación de las trabajadoras
Las trabajadoras de dicha sección fueron notificadas acerca de la garantía del pago del sueldo perteneciente a diciembre y la extensión de los contactos por tres meses, con excepción de quienes se incorporaron en el 2023, de acuerdo a los anuncios realizados por el ministro de Economía Luis Caputo. Esta decisión alcanza a más de mil personas que trabajan en el área y se les vencía el contrato la próxima semana.
Sería la quinta cartera absorbida por el Ministerio de Capital Humano, luego de que se confirme que Salud conserva su jerarquía ministerial. En este caso, los programas de Desarrollo Social quedan en manos de la ministra Sandra Pettovello, mientras que se convierten en secretarías Educación (al mando de Carlos Torrendell), Trabajo (Omar Yasín), Cultura (Leonardo Cifelli) y ahora Mujeres, Géneros y Diversidad.
Cuatro años de institucionalización de demandas
La creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad supuso el desafío de darle un marco institucional, e intentar representar las demandas que componían al heterogéneo movimiento de mujeres y disidencias en Argentina.
Sin embargo, en la última década irrumpieron como urgencia las marchas de Ni Una Menos, que desde el 2015 se movilizan en reclamo de políticas que generen respuestas a los femicidios, la masividad del Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias y la acción colectiva por la sanción de la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
En ese marco, las primeras funciones del organismo, creado en diciembre del 2019, tuvieron que avanzar con la premisa de encargarse de las políticas existentes pero dispersas, determinar las bases programáticas de una perspectiva de género en el Estado y absorber la diversidad y la urgencia.
Como una de sus políticas más reconocibles, gestionaron la difusión y el funcionamiento a nivel nacional de la Línea 144, que atendió en la última gestión más de 400.000 casos de violencia de género. El equipo interdisciplinario de contención, que cuenta con abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales, atiende en distintos idiomas, incluyendo lengua de señas, y acompaña a las víctimas a partir de la articulación con otras áreas estatales.
Los ejes troncales del ministerio permitieron ejecutar la Ley Micaela e iniciar procesos demandados desde la legislación nacional o desde la agenda pública, pero que no contaban con quienes lo apliquen al territorio. Los programas del organismo (Producir, Registradas, Acercar derechos, entre otros) siguieron el horizonte de la igualdad económica, la participación de mujeres y disidencias en el mercado laboral o la construcción de garantías para el acceso a la justicia.
La institucionalización a nivel nacional permitió el alcance federal de los más de 2.300 municipios y gobernaciones argentinas, 1.150 crearon áreas de género estatales en los últimos cuatro años. Las redes construidas -y aún vigentes- en las asambleas y movilizaciones iniciaron su proceso en el organigrama público.
