El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, le otorgó al Gobierno un plazo de 48 horas para explicar cómo se resguardará la documentación que estaba bajo custodia de la Unidad Especial de Investigación (UEI) de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), disuelta recientemente por un decreto del presidente Javier Milei.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.. Imagen: NA
La Conadi, creada en 1992 y ratificada por ley en 2001, es el organismo encargado de buscar a los bebés apropiados durante la dictadura. En 2004, Néstor Kirchner firmó el decreto 715, creando la UEI para permitir a la Conadi llevar a cabo investigaciones y acceder a archivos del Estado. Desde el mes pasado, se conocía la intención del gobierno de Milei de desmantelar la Conadi. Ante esta situación, la auxiliar fiscal Ana Oberlin solicitó al juez Kreplak que dictara una medida cautelar para proteger los archivos, medida que fue emitida el 8 de julio.
Kreplak ha exigido a la Secretaría de Derechos Humanos y a la Conadi que informen qué organismo custodiará el acervo documental de la UEI y cómo se está cumpliendo la medida cautelar. La delegación platense de la Policía Federal Argentina (PFA) ha sido encomendada para cumplir con la resolución del juez.
El argumento del gobierno para eliminar la UEI es que el Poder Ejecutivo no tiene la facultad para realizar investigaciones, tarea que corresponde al Ministerio Público Fiscal (MPF). Sin embargo, esta lógica cuestionaría la capacidad del Estado para investigar, como ocurrió con la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), la Oficina Anticorrupción (OA) o la Unidad de Información Financiera (UIF).
Pablo Parenti, fiscal de la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (UFICANTE), señaló que «nunca hubo señalamientos de jueces, fiscales o defensores contra el trabajo de la UEI». La jueza jubilada María Roqueta, en declaraciones a Radio Provincia, también destacó que la UEI había demostrado ser fundamental en la investigación del plan sistemático de apropiación de niños y niñas durante el terrorismo de Estado.
Abuelas de Plaza de Mayo han denunciado que el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) busca obstaculizar la búsqueda de los nietos. La disolución de la UEI ocurrió poco después de que diputados oficialistas se reunieran en la cárcel de Ezeiza con genocidas condenados por crímenes de la dictadura, incluyendo a Alfredo Astiz y Adolfo Donda. Kreplak, en su fallo de julio, enfatizó la importancia «insustituible» de los archivos de la UEI, señalando que «el hecho de que todavía se desconozca el paradero de un considerable número de personas […] da cuenta de la relevancia que el mentado archivo documental denota para la continuación de las pesquisas».
Fuente: Página 12
