El Gobierno nacional resolvió extender la emergencia energética en los sectores de electricidad y gas, y prorrogar la intervención de los entes reguladores correspondientes. Lo hizo al prorrogar la emergencia del Sector Energético Nacional hasta el 9 de julio de 2026, según el decreto 370/2025, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial.
La medida afecta a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal, así como al transporte y distribución de gas natural.
Además, se extendió la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) hasta la misma fecha o hasta que se constituya el nuevo organismo, previsto en la Ley 27.742.
También se prorrogó el “período de transición hacia subsidios energéticos focalizados” dispuesto por el Decreto N.º 465/2024. Según lo establecido, la Secretaría de Energía continuará como autoridad de aplicación y podrá dictar los actos necesarios para avanzar en la reestructuración del régimen de subsidios, con el objetivo de definir mecanismos de asignación directa a los usuarios.
El decreto incluye, además, una convocatoria a las provincias para que coordinen con la Secretaría de Energía “las acciones de emergencia necesarias para asegurar la prestación de los servicios eléctricos en sus jurisdicciones” y colaboren en la aplicación de las nuevas políticas de subsidios.
Respecto del sistema energético, el texto advierte sobre “la vulnerabilidad y el estado crítico” en tres aspectos: la estructura de recaudación, el estado de las instalaciones para el suministro, y la falta de señales de mercado tanto para la oferta como para la demanda.
“La continuidad de la emergencia del sector energético que se declara por el presente, en coordinación con las disposiciones de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos N.º 27.742, contribuirá a erradicar la opacidad de las tarifas finales y la confusión entre los montos facturados y los subsidios”, indica el decreto.
Por último, el Ejecutivo sostuvo que el nuevo esquema busca que “el usuario final pueda discernir según qué conceptos y por qué importes abona el servicio respectivo, en un todo de acuerdo a sus propios intereses económicos”, en línea con el artículo 42 de la Constitución Nacional.
