En el marco de su política de ajuste fiscal, el Gobierno de Javier Milei decretó la disolución de tres fondos fiduciarios: el Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (PRODAF), el Fondo Fiduciario del Servicio Universal y el Fondo Fiduciario para Vivienda Social. Esta medida se enmarca en una estrategia más amplia para reducir el gasto público y revisar el uso de recursos estatales.
Fondos disueltos y razones
- Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (PRODAF):
- Creado por la Ley N.º 26.895, tenía como objetivo facilitar el acceso al crédito a pequeños productores rurales mediante fideicomisos.
- El Gobierno argumentó que el fideicomiso ya cumplió su propósito, según lo informado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
- Fondo Fiduciario del Servicio Universal:
- Instituido bajo la Ley N.º 27.078, financiaba proyectos de desarrollo de tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) con aportes del 1% de los ingresos de licenciatarios de servicios TIC.
- Según el decreto, se detectaron proyectos que no cumplieron con los requisitos normativos para recibir beneficios, lo que cuestionó su gestión y eficacia.
- Fondo Fiduciario para Vivienda Social:
- Creado por la Ley N.º 27.341, buscaba financiar programas de vivienda social e infraestructura básica.
- El Gobierno señaló irregularidades en la rendición de cuentas, como obras rescindidas sin devolución de fondos y proyectos terminados sin documentación final, según informes de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
Contexto y acciones complementarias
La decisión se ampara en la Ley N.º 27.742, que autoriza al Ejecutivo a modificar, disolver o liquidar fondos fiduciarios públicos bajo ciertas condiciones.
Desde el inicio de su mandato, el presidente Milei ha impulsado una revisión exhaustiva de los fondos fiduciarios. Además de estos tres, ya se eliminaron otros fideicomisos, como el PROCREAR y fondos destinados a capital emprendedor, víctimas de trata y competitividad del sector azucarero en el NOA, entre otros.
Justificación oficial
El Gobierno argumentó que la medida responde a la necesidad de auditar el uso de fondos públicos, identificar irregularidades y optimizar el gasto. Además, subrayó la falta de cumplimiento en los objetivos de varios fideicomisos, así como problemas de transparencia y rendición de cuentas en su administración.
Estas acciones reflejan la intención del Ejecutivo de avanzar en una política de recorte del gasto público y garantizar un manejo más eficiente de los recursos estatales.
Fuente: Vorterix Litoral
