Las provincias que más se beneficiaban con la implementación de este plan son las del norte argentino debido a la presencia de esta problemática en la región.
A partir de 2018, en Argentina se lleva a cabo el programa llamado Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA), el cual redujo el embarazo en adolescentes en el país en casi un 50 por ciento en apenas cinco años de implementación, por lo que se posicionó como uno de los planes más prolíficos de América Latina.
Sin embargo, el Gobierno Nacional no renovó los contratos de sus 709 profesionales, que vencieron el 31 de marzo, y tampoco dieron noticias al respecto.
Cabe destacar que este plan permite ahorrar 0,16 por ciento del PBI si se contabilizan los costos asociados a la atención de una gestación y el parto en chicas de 10 a 19 años. Del mismo modo, ayuda a que no se sature el sistema de salud a nivel nacional para que los adolescentes y jóvenes tengan garantizado el derecho a un acceso al servicio sanitario de calidad.
Sus principales objetivos eran sensibilizar sobre la importancia de prevenir el embarazo no intencional en la adolescencia, potenciar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en la adolescencia, brindar información sobre salud sexual y reproductiva y métodos anticonceptivos en forma gratuita en los servicios de salud, fortalecer políticas para la prevención del abuso, la violencia sexual y el acceso a la interrupción del embarazo según el marco normativo vigente.
La clave del plan es ofrecer a las adolescentes de sectores vulnerables espacios de consejería en anticoncepción, donde pueden optar por colocarse un método de larga duración si así lo desean, además de fortalecer la educación sexual integral en escuelas y espacios comunitarios de las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Salta, Jujuy y Buenos Aires.
La continuidad de este plan no está asegurada si no se renuevan los contratos de los profesionales que conforman los equipos interdisciplinarios que trabajan fundamentalmente en escuelas y centros de salud en las 12 provincias, que fueron priorizadas por la magnitud del problema y el posible impacto que podría tener el programa para combatir esta problemática.
