Frente a la protesta como fenómeno social siempre hubo dos bandos, los que se identifican con la protesta y los que la sienten perjudicial. Hoy en el marco de una desidia generalizada hay un tercer bando, los que saben que algo anda bastante mal y sin embargo se encuentran desesperanzados, viendo hacia adelante nada más que un callejón sin salida.
Frente a un hecho objetivo como la protesta surgen enseguida construcciones discursivas. Foucault argumentaba que el discurso no es solo una forma de comunicación, sino también una forma de control y regulación social; el poder no se ejerce sólo reprimiendo, sino construyendo discursos que justifican esa represión. Por supuesto, los que disponen en Argentina de los medios económicos para imponer su discurso son los mismos que, junto a sus aliados, ven perjudicados sus intereses por la protesta social.
Este discurso tiene características particulares que permiten identificarlo:
1- Tiende a lavar el contenido político de la protesta, es decir, frente a la pregunta «¿Por qué surgió esta manifestación colectiva?» Responden con una criminalización generalizada hacia dicho movimiento. Todo se convierte en un asunto de «La Ley y el Orden».
A esto ya lo vimos constantemente durante el gobierno de Macri, donde según la CORREPI, en 721 días de gobierno murieron 725 personas a manos de la represión policial. Uno por día. Todo en nombre de la ley y el orden. Evidentemente no es suficiente, la etiología de los fenómenos sociales no puede basarse en semejante simplificación.
En otras palabras ¿Se puede explicar la movilización de masas a partir de un interés desestabilizador? ¿Bajo qué banderas se movilizan estos supuestos desestabilizadores? ¿Se mueven por aburrimiento, por ocio, por una causa desconocida? No podemos explicar así un fenómeno social. La protesta actual tiene un contenido político, consignas claras, una defensa a los derechos de las personas, vulnerados por la modificación radical de una constitución provincial, de la cual no hay ni siquiera versiones taquigráficas o videos. Una reforma que se hizo desde el silencio.
Morales habla de una constitución que garantiza la paz y el orden, se tocaron 193 artículos de los 212 que tenía la anterior (el 91%) pero podemos visualizar lo más esencial: eliminó el derecho a la protesta y prohibió la ocupación de propiedades privadas sin título, en un país donde el déficit habitacional es infamante; 3,5 familias no tienen casa (supongamos unas 13 millones de personas en total) ¿Por qué? porque necesita echar a patadas a los habitantes originarios que ocupan los terrenos con litio que se venden a multinacionales. Además amplió los mandatos de 2 a 4 años en la provincia, con la diáfana intención de mantenerse en el poder.
La protesta tiene un fundamento concreto, y visualizarla como un asunto de orden es, como mínimo, reduccionista.
2- Este discurso también tiene otra característica particular que podemos rastrear también hoy: la construcción de un enemigo interno que justifique la represión. Veamos un poco de qué va eso con algún ejemplo histórico.
Las fuerzas armadas manejan algo que se llama «Hipótesis de conflicto» con las cuales se prevé de donde podría venir un futuro conflicto bélico o de soberanía. Durante el kirchnerismo, las hipótesis de conflicto tenían que ver mayoritariamente con la defensa de los recursos naturales; especialmente la tierra y el agua. Las fuerzas armadas preveían, en 2010, la amenaza de una fuerza militar superior que se movilizaría para apropiarse de los recursos naturales de la Argentina, principalmente el agua del Acuífero Guaraní que abarca gran parte de Paraguay, Brasil y el norte argentino. Esta hipótesis se basaba en documentos del Pentágono de EEUU en los que se recomendaba controlar las fuentes de agua del mundo.
Hoy sabemos que las fuerzas usurpadoras no son militares, sino políticas. El gobierno de Macri cambió las hipótesis por decreto, dejando de referirse a los recursos naturales para empezar a hablar de «Narcotráfico y Grupos Terroristas». Así, Macri compró 4 buques de guerra, 6 aeronaves y muchas balas. La política neoliberal abre las puertas para el saqueo, la extracción de recursos con bajas regalías e impuestos, y para ello debe estar dispuesto a callar cualquier voz opositora que se pare en la calle. Como por ejemplo, el icónico caso de la directora argentina de la organización «Attac», dedicada a poner impuestos a la renta financiera, Beatriz Ragland. A esta profesora de la UBA se la acusó de ser la terrorista más anciana (80 años), por molestar a las multinacionales.
El giro de las hipótesis de conflicto configuraron en ese tiempo un camino distinto en consonancia con los intereses políticos y económicos del macrismo: el enemigo ya no es un agente foráneo que viene a saquear recursos, sino un enemigo interno, invisible, que busca destruir el país desde dentro.
Habría que ver si organizaciones como la Resistencia Ancestral Mapuche o la organización Tupac Amarú también podrían considerarse como «terroristas».
Si miramos atrás en la historia, la criminalizacion de los mapuches luego del asesinato de Santiago Maldonado nos hace creer que se trata de la falacia del francotirador: primero pego el tiro, luego le dibujo el blanco alrededor para decir que acerté. Primero se mata, después se los llama terroristas.
Esto es un claro ejemplo de cómo el poder, según la clásica noción foucaultiana, se ejerce creando saberes y discursos que justifican sus acciones e intereses. Hoy la historia es la misma. Hay multinacionales que vienen a extraer litio de la misma forma, con bajos impuestos y poco aporte al país, y en esas tierras donde yace el litio se encuentran asentadas distintas poblaciones originarias que molestan a los intereses de esas multinacionales.
Surgen las marchas y la respuesta del Pro es la misma: criminalización de la protesta. La violencia se sigue ejerciendo, no solo en la calle, sino en el discurso. Así, convertimos a la manifestación en sinónimo de desestabilización, y nos olvidamos que la protesta social es un derecho y una expresión democrática tan valiosa como el voto.