El oficialismo se prepara para aprobar la nueva versión del proyecto. Tras largas negociaciones con los aliados, La Libertad Avanza buscará darle media sanción a las reformas que impulsa el Gobierno Nacional. A continuación los detalles de los cambios, la rosca hasta último momento y los puntos débiles para la votación.
Martín Menem está decidido a no que no se repita la situación de febrero: hoy, Javier Milei tendrá su Ley Ómnibus. Será una versión reducida, desguazada a cambio de la tranquilidad de que el gobierno nacional no tendrá que sufrir una nueva negativa en el Congreso.
Esta vez, el oficialismo se dejó «ayudar» por los aliados: aplicó motosierra a los artículos que no tenían número, armó poroteo tentativo y organizó la sesión de modo de que no pueda haber sorpresas. Pero nadie se anima aún a cantar victoria. Son varios los capítulos que están justos -como la reforma del Estado y Ganancias- y que, de caerse, podrían despertar una ira presidencial que desbarate los últimos meses de negociaciones. Eso es lo que más temen los propios y los aliados.
El viernes a la noche, Menem reunió a los diputados opositores que actuaron casi como coautores de la nueva versión de la Ley Ómnibus para un último pantallazo pre-sesión. Junto a Silvia Lospennato y Cristian Ritondo (PRO), Nicolás Massot, Juan Manuel López y Oscar Agost Carreño (HCF), Pamela Calletti (Innovación Federal), Alejandro Cacace y Soledad Carrizo (UCR), el presidente de la Cámara se puso a armar la logística de la sesión para, esta vez, llegar al Día D con el terreno preparado.
Se desglosó cada capítulo de la ley Ómnibus y del paquete fiscal y se poroteó cada coma con las autoridades de la oposición friendly. Se organizó, a modo de labor parlamentaria -sin el peronismo y sin la izquierda-, la dinámica de la sesión del lunes, que Menem calcula que se extenderá por unas 26 horas. Se definió hasta cuándo los opositores podrían anotarse algún tanto de cara a sus electores y emplazar las comisiones para tratar la reforma de la movilidad jubilatoria y el FONID.
«Nosotros ya le preparamos el terreno, ahora es cuestión de no romper nada». La frase no lo dice uno, sino varios dirigentes del radicalismo, HCF y el PRO. Al igual que los gobernadores del PRO, la oposición dialoguista necesita que el paquete fiscal se apruebe, que Milei tenga un triunfo político que mostrarle al FMI y que, finalmente, se pueda liberar el Congreso para tratar otros temas.
Algunos, incluso, se animan a confesar que eso logrará destrabar la posibilidad de una sesión para voltear el DNU 70/2023. Pero no este martes, cuando convocó UxP, ya que Menem les adelantó que no convocaría por considerar que, para entonces, continuaría el debate de la Ley Ómnibus. La oposición dialoguista no quiere quedar como el responsable de que la ley no salga frente a una sociedad que simpatiza con Milei y que, identifican ellos, les reclama que les de las herramientas para gobernar.
Pero, por sobre todas las cosas, predomina el cansancio. Así como la necesidad de vanagloriarse de las concesiones que lograron sonsacarle al presidente -como la no privatización del Banco Nación- y de dejar en claro que, al final del día, los libertarios también tuvieron que rebajarse a negociar con la «casta política».
Si bien Menem confía en que contará con más de 140 votos para aprobar su ley en general, todavía hay varios capítulos que andan flojos de número para la votación en particular. La versión final de la Ley Bases, si bien acotada, continúa arrastrando una gran capacidad de daño. De aprobarse, por ejemplo, el presidente gozaría de numerosas facultades delegadas que le permitirían intervenir y suprimir varios organismos públicos. Si bien uno de los «logros» de la oposición fue incluir un listado de organismos exceptuados de esa facultad -como el INCAA, CONICET, ANMAT o el Malbrán- todavía hay varios que quedaron afuera. Este es el caso del Banco Nacional de Datos Genéticos, cuya inclusión están reclamando en la UCR. El problema es que la arbitrariedad a la hora de definir qué organismo entran o no en la lista tiene sumidos al resto de las instituciones en pánico: la mayoría comienza a creer que, sí no está en esa lista, es porque van a ser eliminados.
Las facultades delegadas, por lo tanto, no tienen el número asegurado para aprobarse. El oficialismo tendrá que buscar un mecanismo para gestionar las demandas específicas que evite que se infle el número de votos en contra, que ya es elevado. Ya que no es solo UxP, la izquierda y los santacruceños -la base del rechazo- votarán en contra, sino también la Coalición Cívica, Margarita Stolbizer, el socialismo santafesino y una importante parte del radicalismo.
Las privatizaciones de once empresas públicas también cuentan con el rechazo de un sector del radicalismo. El proyecto de La Libertad Avanza propone dejar «sujeta a privatización» a empresas de carácter estratégico, como Nucleoléctrica, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, AYSA y Aerolíneas Argentinas. Si bien en la UCR y HCF celebran haber logrado quitar tres cuartas partes del listado de empresas, persisten algunas dudas respecto al mecanismo de transparencia sobre el proceso de privatización. Y ahí pican en punta Evolución, que responde a Martín Lousteau, y la Coalición Cívica.
El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que propone beneficios impositivos exorbitantes para las empresas que inviertan más de 200 millones de dólares, también arrastra algunos cuestionamientos. El radicalismo línea Facundo Manes, por ejemplo, no lo votará. El bloque que comanda Miguel Ángel Pichetto, a su vez, viene reclamando que se incluya en el régimen a pequeñas empresas que puedan hacer inversiones más chicas, algo que el Ejecutivo rechazó. El lunes, HCF deberá definir si vota en contra del RIGI o si apostará a introducir modificaciones.
La reforma laboral que se introdujo con fórceps a último momento en la Ley Ómnibus, mientras tanto, cuenta con el acompañamiento mayoritario de la UCR, el PRO y HCF. Los temas más espinosos, como la eliminación de la obligatoriedad de las cuotas sindicales, fueron eliminados de la versión final, aunque el radicalismo buscará re introducirlos en el recinto (buscando así incomodar a LLA que, ideológicamente, está de acuerdo con esa medida). La eliminación de las multas por trabajo no registrado o la ampliación del período de prueba, en cambio, son celebradas por macristas, radicales y pichettistas por igual.
En el caso del paquete fiscal, que se debatirá luego de la ley Ómnibus, el tema más complicado es el del impuesto a las Ganancias. El oficialismo quiere restituir la cuarta categoría con un piso de 1,8 millones de pesos que se actualizará semestralmente (una modificación pedida por la oposición que, además, logró que durante el 2024 sea de manera trimestral). Si bien este punto es un gesto para los gobernadores, ya que el impuesto es coparticipable, hay varios radicales y diputados de provincias sureñas -que cuentan con un costo de vida más elevado- que votarán en contra. El capítulo de Ganancias podría ser un dolor de cabeza para el gobierno, que está en gestiones para contar el acompañamiento de dos gobernadores peronistas. Si las conversaciones llegan a buen puerto, Gerardo Zamora (Santigo del Estero) y Raúl Jalil (Catamarca) podrían terminar torciendo el escenario en favor a Milei.
