Un sargento activo de Gendarmería Nacional, integrante del Grupo Alacrán, fue detenido tras intentar retirar una encomienda que contenía más de 18 kilos de pastillas de éxtasis. La investigación, a cargo de la jueza federal de Concordia, Dra. Analía Ramponi, expuso una compleja red de narcotráfico interprovincial y utilizó herramientas procesales como la entrega vigilada y la figura del agente revelador.
El caso se inició el 29 de mayo, cuando efectivos del Escuadrón IV “Concordia” interceptaron un camión de encomiendas en un control sobre la Ruta Nacional 14. Allí, un perro antinarcóticos marcó un paquete sospechoso que viajaba desde Puerto Esperanza (Misiones) hacia San Martín (Buenos Aires). Al inspeccionarlo, se hallaron 18,425 kilos de MDMA (éxtasis) en pastillas con diseños llamativos como Hello Kitty y calaveras similares a las de la serie La Casa de Papel.
A pedido de la magistrada, y conforme a la Ley 27.319, se ordenó una entrega vigilada: se reemplazó parte del contenido por material inerte y se realizó un seguimiento controlado del envío hasta su destino.
El 2 de junio, tras tareas de inteligencia y escuchas telefónicas, el Sargento IVK —integrante del Grupo Alacrán— se presentó en una sucursal de Vía Cargo en San Martín para retirar la encomienda. Fue detenido en el acto.
La investigación reveló que el gendarme mantenía contacto con un presunto proveedor, quien habría ordenado el envío desde Misiones. A través de la figura del agente revelador, se logró mantener conversaciones encubiertas con otra persona involucrada, quien dio indicaciones precisas sobre la entrega de la droga.
La causa permitió desarticular una maniobra sofisticada que incluyó intercepciones telefónicas, allanamientos en Misiones y Capital Federal, cruces de datos con empresas telefónicas y la Dirección Nacional de Migraciones. Se comprobó que el prófugo —actualmente con pedido de captura internacional— había salido del país acompañado por el gendarme detenido y un familiar del mismo.
Durante los allanamientos, se secuestraron armas, divisas extranjeras, equipos informáticos y teléfonos celulares. La jueza Ramponi procesó al sargento por transporte de estupefacientes agravado por su condición de funcionario público (arts. 5 inc. c y 11 inc. d de la Ley 23.737), dictó su prisión preventiva y ordenó un embargo de 15 millones de pesos sobre sus bienes.
Fuentes judiciales destacaron el accionar profesional de la propia Gendarmería Nacional, que actuó con total rigurosidad y transparencia pese a la implicación de uno de sus efectivos. La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) continúa ahora con la investigación sobre la red de tráfico de drogas sintéticas.
