Presentaron una denuncia penal contra la intervención del IOSPER por supuestas contrataciones irregulares, sobreprecios y abandono de personas. El abogado Mariano Giampaolo brindó detalles contundentes del caso.
En las últimas horas, dirigentes gremiales, políticos y dos abogados presentaron una denuncia penal contra la intervención del IOSPER, la obra social de los empleados públicos de Entre Ríos. La medida apunta directamente contra las máximas autoridades del organismo, el Dr. Mariano Gallegos y el subinterventor designado por decreto provincial.
Uno de los abogados denunciantes, el Dr. Mariano Giampaolo, dialogó con el programa GPS y explicó que los hechos que motivaron la denuncia son “muchos, lamentablemente”, aunque señaló uno como el más grave: “La contratación aparente, y eso es lo que pedimos que se investigue, a cuatro proveedoras de prótesis de la ciudad de Buenos Aires, que ni siquiera las hemos podido encontrar en los registros de tributantes de Entre Ríos”.
Giampaolo agregó que dichas empresas fueron beneficiadas sin licitación pública ni compulsa de precios, y que sus prótesis duplican el valor habitual. “Esto no resiste mayores análisis”, afirmó.
Sospechas de fraude y perjuicio a los beneficiarios
Según detalló el letrado, estas contrataciones se realizaron en desmedro de proveedores locales, mientras cientos de pacientes y profesionales aguardan pagos o prestaciones urgentes. “Se les ha pagado con prioridad a otros proveedores cuando hay un sin número de médicos, acompañantes terapéuticos, discapacitados que están necesitando prestaciones sumamente urgentes”, denunció.
También informó que cuentan con documentación suficiente para que la Justicia actúe: “Hemos recibido mucha documentación que respalda estos pedidos y que son elementos suficientes para que se abra una investigación”.
Delitos denunciados y consecuencias para la salud pública
La denuncia incluye posibles delitos como administración fraudulenta (art. 173° inc. 7 del Código Penal), malversación de caudales públicos (art. 260°), peculado (art. 261°), negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265°), abuso de autoridad (art. 248°), violación de los deberes de funcionario público (art. 249°) y abandono de persona (art. 106°). Sobre este último punto, Giampaolo citó un caso concreto: “Estuvo hasta último minuto de vida de su padre rogando por un marcapasos y esto es un crimen, que alguien muera por papeleo”.
Por otra parte, advirtió que la mala gestión del IOSPER puede repercutir en el sistema sanitario en general: “Cuando IOSPER o PAMI andan mal, las guardias de los hospitales colapsan automáticamente”.
Finalmente, Giampaolo destacó que la denuncia fue firmada por un número importante de jubilados, trabajadores y beneficiarios, y denunció intentos de intimidación.
Fuente: Elonce
