El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, explicó el mecanismo para implementar el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas que dispuso la Nación y se refirió a la respuesta de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (ABBE) al pedido de información pública que efectuó ANALISIS.
En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza), Rodríguez Signes explicó que “el decreto 969 del Poder Ejecutivo Nacional establece un canal procesal administrativo para que la Nación y la provincia pongan deudas y créditos arriba de una mesa de negociación y traten de compensarlas, no establece el texto del decreto que se puede compensar con bienes. En función de ese decreto, la provincia de Entre Ríos mandó una nota a la Nación y adhirió al sistema porque no implicaba ninguna renuncia a ningún derecho y luego se firmó una carta de intención entre el Poder Ejecutivo Nacional, a través del ministro de Economía, y el gobernador de la provincia, en la cual manifestaron no solamente que Entre Ríos adhería al sistema, sino que, además, ambas partes nominaban deudas y créditos recíprocos”.
“En ese marco, la Nación dijo tener un crédito contra Entre Ríos y mencionó una supuesta deuda con el Club de París, que la Nación había asumido en nombre de las provincias, y deudas con el Fondo Fiduciario Federal. Y la provincia mencionó sus reclamos: Caja de Jubilaciones, obras públicas con financiamiento suspendido y otros reclamos, algunos judiciales y otros administrativos. Hasta ahí llegamos, pero no se comenzó a trabajar concretamente y ninguna dela partes avanzo mucho más después de la carta de intención, porque el sistema implica informes de la Contaduría General de la provincia, Ministerio de Economía, Fiscalía de Estado, etc. Hay que documentar el crédito que tenemos y la Nación hará lo propio para poder compensar”, agregó.
En cuanto a la respuesta al pedido de informes que presentó ANALISIS, el fiscal aclaró que la Agencia de Administración de Bienes del Estado de la Nación (AABE) “sí tiene bienes; el Estado Nacional tiene muchísimos bienes en la provincia de Entre Ríos, algunos de ellos son de sumo interés como los de ferrocarriles o de las Fuerzas Armadas, pero no está previsto que entren al sistema del 969. Tampoco están excluidos, pero no está previsto como mecanismo la entrega de bienes, es decir, de daciones en pago; está prevista la compensación de créditos y deudas, no la dación en pago, lo que no quiere decir que el día de mañana no se pueda hacer, pero tendría que ir por un canal distinto al 969, y además requeriría otro tipo de procedimiento porque hay que hacer tasaciones e incluso hasta puede llegar el caso de que se necesite una ley”.
En resumen, reiteró que “la respuesta que da la ABBE de que no hay bienes, en realidad sí hay, pero no están hoy dentro del sistema del decreto 969. Bienes del Estado Nacional en la provincia de Entre Ríos hay muchísimos, por ejemplo, en el puerto. La ABBE tiene los residuales y probablemente informe eso, que en el ámbito de ellos no son tantos, pero hay otros organismos que tienen bienes en desuso, por ejemplo, del Ejército”.
Como ejemplo, detalló que “frente al Cemener, en la ruta 11, hay territorios del Ejército inmensos que dan al río, también en zona de Las Piedras, en la zona sur de la provincia en Ibicuy, cerca del río Paraná Guazú que es tan importante hoy por la Hidrovía”.
En tal sentido, planteó: “No descartaría que, en algún caso, a la provincia le interese un bien, por ejemplo, para el desarrollo de viviendas y proponga incorporar alguno. Posibilidades existen, pero si uno se ciñe a la letra del decreto 969 no está la dación en pago de bienes inmuebles como mecanismo de pago”.
Consultado por el saldo que se deben recíprocamente la Nación y la provincia, Rodríguez Signes indicó que “está en la carta de intención, pero incompleta porque del lado de las deudas que reclamaría la Nación llegarían a unos 30.000 millones, pero del lado de la provincia están sin calcular todavía porque la deuda con la Caja de Jubilaciones todos los días se actualiza por los intereses y es la más importante. No está calculado a la fecha, pero está calculado al día de la presentación de la demanda judicial en abril de 2024 y estaba en alrededor de 130.000 millones de pesos. Más otras que nosotros consideramos deuda y no sé si finalmente será así, de contratos de obra pública que celebró la provincia con financiamiento nacional y que la Nación dejó de pagar”.
En cuanto a las demandas ante la Corte que planteó la provincia, sostuvo que “el decreto establece que hay que suspender las acciones, no renunciar a ellas, pero suspender los plazos procesales. Pero como todavía formalmente, no se presentó ningún documento al sistema del decreto 969, el gobernador no instruyó a Fiscalía a suspender ningún plazo y, por lo tanto, las demandas siguen su curso. Están en distintas situaciones, pero la mayoría están en proceso de notificación a los organismos del Estado nacional que tienen que intervenir”.
Aclaró que “son procesos largos, especialmente el de Salto Grande. El de la Caja de Jubilaciones, a partir de que se presentó la demanda, Anses envió las auditorías y se está trabajando en ellas, pero el proceso judicial sigue”.
Con respecto a la deuda de la Caja de Jubilaciones sostuvo que “es una deuda determinada y diría que el Estado Nacional tiene muy pocas posibilidades de discutirla, porque está muy documentada, y es la violación directa de pactos federales en donde la Nación se comprometió a compensar una parte del déficit previsional y lo incumplió. En cuanto a Salto Grande, se hizo una estimación del perjuicio que significa tener una obra por la cual se prometió a la provincia determinadas compensaciones que nunca se cumplieron. Desde 1979 que se inauguró la obra, lo que se hizo fue la ley nacional y el acuerdo Nación-provincia para remitir los excedentes de Salto Grande y eso funcionó muy bien hasta 2012 y después empezó a caer hasta que prácticamente hoy los excedentes son muy bajos. Por eso es mucho más complejo calcular el perjuicio”.
“Por eso es más discutible, y no creo que esa deuda entre en el Régimen de Compensación porque hay un planteo de inconstitucionalidad y ahí vamos a necesitar que se expida el Poder Judicial”, concluyó.
Fuente: Análisis Digital
