Comenzó este martes la discusión sobre la elevación a juicio de la causa conocida como Causa Contratos, que investiga maniobras fraudulentas ocurridas entre 2008 y 2018, con un perjuicio económico a la Legislatura entrerriana estimado en 53 millones de dólares, presuntamente blanqueados a través de inversiones inmobiliarias y agropecuarias.
La audiencia se lleva a cabo ante la jueza de Garantías Marina Barbagelata, quien será la encargada de decidir el futuro de esta investigación que involucra a 18 imputados que restan en la causa enfrentarán el juicio.
Se recordará que, en un inicio, el expediente contaba con 32 acusados, pero 12 de ellos accedieron a suspensiones del juicio a prueba y se espera que, en esta etapa, se resuelva un juicio abreviado para Esteban Scialocomo y un pedido de sobreseimiento para el contador Gustavo Falco.
Se prevé que las audiencias se extiendan hasta septiembre.
Quiénes accedieron a probation
La semana pasada, 12 imputados accedieron a una suspensión de juicio a prueba. Ellos fueron: María Victoria Álvarez, Verónica Caíno, Alejandro Ferreyra, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Andrea Demartín, Nicolás Beber, Renato Mansilla, Guido Krapp, Jorge Pablo Balladares y Jazmín y Giselle Mena Gioveni.
Los imputados que van a juicio
Los imputados que deberán sortear la discusión de elevación a juicio, son: Flavia Marcela Beckman; Hugo Rubén Mena; Alfredo Bilbao; Gustavo Hernán Pérez; Roberto Ariel Faure; Sergio Esteban Cardoso; Alejandro Luis José Almada; Juan Pablo Aguilera; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Hernán Javier Díaz; Marta Aurora Pérez; Maximiliano Degani; Pedro Eduardo Opromolla; Juan Domingo Orabona; Jorge Enrique De Breuil; Jorge Fabián Lazzaro; y José Javier Schneider.
La postura de uno de los defensores
Hugo Rubén Mena y Flavia Marcela Beckman, quien se mostró “confiado en el sistema y en que se cumplan las garantías del debido proceso”. José Velázquez explicó que “conforme lo previsto por la jueza de Garantías, hoy fue el día de las exclusiones probatorias”.
En ese sentido, mencionó que él, como defensor, solicitó “las exclusiones probatorias de todo el material informático y los testigos sospechosos que, eventualmente, no serían confiables para el desarrollo de un juicio”.
En la oportunidad, también mencionó que logró salidas alternativas para el resto de los imputados a los que representó durante el proceso judicial.
“En esta etapa procesal, que es la audiencia de remisión de causa a juicio, se discute toda la etapa que se llevará a debate; y, en segundo lugar, si hay elementos para ir a debate”, aclaró Velázquez. De hecho, el defensor consideró “que las pruebas informáticas fueron mal recolectadas y, en el caso de una cierta cantidad de testigos que podrían ser sospechados, no podrían ir, eventualmente, a debate”.
“Luego de la acusación, será el momento de las defensas para decir si hay estado de sospecha o no, si hay elementos para la elevación a juicio y un centenar de planteos técnicos”, indicó el abogado. “Este es el momento de purificación y de ordenar, y si no se dan las condiciones, se tendrá que remitir nuevamente para sanear las posibles nulidades”, cerró.
La causa, considerada una de las más relevantes en materia de corrupción en Entre Ríos, apunta a una red de contrataciones falsas en la Legislatura provincial que sirvieron como mecanismo de desvío de fondos públicos.
Fuente: Elonce
