Mientras se intenta descifrar quiénes son todos los involucrados en la desaparición del menor, y el rol que cumplieron, apareció un nuevo indicio contra uno de los matrimonios que estuvieron en el almuerzo hace 12 días. Las miradas apuntan al ex capitán de navío de la Armada retirado, Carlos Pérez, y la ex funcionaria municipal, María Victoria Caillava, ambos imputados como coautores materiales de la captación de Loan. En sus vehículos -una camioneta y un auto-, los canes de las fuerzas de seguridad detectaron rastro del niño que desapareció en la localidad de 9 de Julio, Corrientes. En un Ford Ka la pareja habría trasladado al menor a la provincia de Chaco con la intención de cometer el delito de trata de personas, según apuntan los investigadores.
Pérez y Caillava declararon este lunes ante la Justicia 48 horas después de haber sido detenidos. La coartada que ensayaron intentó justificar su presencia en el municipio chaqueño de La Tigra el pasado 14 de junio, al día siguiente de la desaparición de Loan. La pista indicaba que ambos habían almorzado esa tarde en la mencionada localidad, sin embargo, esto fue descartado por la Policía del Chaco.
Personal de la fuerza de seguridad provincial se acercó hasta dos locales de comidas de La Tigra para corroborar el dato. Primero se dirigieron hacia el Comedor “Urbano Drugstore”, ubicado en calle San Martín N° 875. El lugar es una rotisería donde su propietario negó haber visto a la pareja investigada. Pérez y Caillava habían informado que pararon a comer a las 16.50 horas, y el dueño del local dijo que su comercio solo vende comida para llevar y que su cocinero termina su jornada laboral a las 15 horas.
Luego, la policía fue hasta el Comedor “Terminal Don Pablo”, ubicado en la Terminal de Ómnibus de La Tigra, donde la propietaria aseguró que el matrimonio tampoco estuvo allí. Más allá de las declaraciones de sus dueños, ninguno de los locales cuenta con cámaras de seguridad. Sin testigos ni registros de su presencia, se complica la coartada de la pareja.
Peréz y Caillava son dos de los 5 imputados por el delito de captación de personas con fines de explotación: trata. Ellos como coautores materiales de la captación del menor. Mientras que Antonio Benítez y Mónica del Carmen Millapi, están imputados como partícipes primarios del mencionado delito junto a Daniel “Fierrito” Ramírez. Estos tres “hicieron todo el mecanismo de distracción correspondiente para que se produzca la captación del niño”, consideraron los fiscales de Goya, Guillermo Barry y Juan Carlos Castillo. El otro de los detenidos, el comisario Walter Maciel, está acusado de encubrimiento por favorecimiento real, calificado por la gravedad del delito precedente y la calidad de funcionario público del autor.
Este lunes por la tarde, Barry y Castillo informaron en conferencia de prensa que el expediente pasó a la Justicia Federal, tras haber imputado a cinco de los seis detenidos.
Los fiscales marcaron como punto de inflexión en el caso el momento en los testimonios y lo registrado por los perros rastreadores. Fue cuando confirmaron que Loan no había salido del terreno de la casa de su abuela, que un policía les pasaba información trucha y que había rastros del niño en los dos vehículos de la pareja presa.
“Entendíamos que había un entorpecimiento en la investigación de la búsqueda del menor”, dijo Castillo y agregó: “En las marchas, el comisario les daba citaciones a los vecinos para ir al Ministerio Público Fiscal para declarar algo por el hecho (cuando no sabían nada). Ante semejante agravio ante nosotros, comprometía la línea de investigación y nos confundía”.
Barry en tanto lanzó sobre el tema: “Nos plantaron el botín, y sabemos que lo hicieron. Confiábamos en la información que nos daba”. Además, dio detalles de cómo fueron cerrando la puerta de la hipótesis sobre un niño perdido: “El recorrido con los niños fue bastante esclarecedor”. No sólo lo que dijeron en Cámara Gesell sino durante la reconstrucción: “Los llevamos al lugar y nos contaron todo el recorrido que hicieron. Lo más importante era ver por dónde perdieron de vista a Loan y, con esas manifestaciones, el panorama fue más claro: todos coincidían en la dirección que tomó cuando fue visto por última vez. Iba hacia la casa de la abuela”.
Es que allí se dieron cuenta de que a la izquierda de ese camino hacia la casa de la abuela había un alambrado y en línea recta un monte: “Difícilmente, un menor de 5 años que nunca fue al campo, no se frene, grite, llore, vuelva. Esa fue una pauta esclarecedora que deshabilita la hipótesis de la perdida”.
Los funcionarios judiciales luego describieron que llevaron a Benítez, a Millapi y a Ramírez al lugar donde se vio a Loan por última vez. “Ninguno puedo explicar cómo ni dónde ni cuándo (perdieron de vista al niño). Mínimamente, debieron haber expresado pautas de tiempo y lugar”, señalaron. Y agregaron: “La versión de los menores fue contundente y uniforme, coincidieron”.
“Está acreditada la captación. Tenemos elementos, pero no los vamos a develar porque surge de análisis de los teléfonos y no queremos comprometer la investigación”, aclararon.
Fue en ese entonces que les preguntaron sobre la chance de que el capitán de navío (RE) preso pudiese haberse encargado del plan y su esposa podría tener los vínculos políticos: “Tenemos la radiografía de las personalidades y las relaciones; y que surge de las comunicaciones. En principio, coincido con que haya una participación mayor en cuanto a la parte organizativa de esos imputados”, ampliaron sobre Pérez y su pareja.
Y siguió recordando que el policía imputado por entorpecer la causa “los dejó ir” rumbo a la provincia de Chaco a Pérez y a su esposa. “La persona que nos tenía que pasar la novedad no lo hacía como correspondía”, indicaron sobre la confianza que tenían en la información que les daba el comisario Maciel. Nos movimos rápido, de allí a la mala fe de esa persona… Yo confié en las fuerzas”, lanzó el fiscal Barry.
Luego, les consultaron sobre la abuela de Loan, Catalina, y las sospechas que pueden recaer sobre ella. Sobre ese punto fueron claros: “Nada está descartado de las personas que estuvieron en el lugar ese día en el almuerzo”.
Tras declararse incompetentes en el caso porque el delito que se investiga es de índole federal, Castillo aseguró no dejará de lado la causa: “Me comprometí a ayudar con la Protex y la justicia federal”.
El caso ya entró a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), que ahora queda a cargo del expediente.
Fuente: Infobae