La investigación avanza en Argentina y Estados Unidos, mientras la justicia federal busca identificar a los responsables y recuperar los fondos desviados tras el colapso del token cripto.
La criptomoneda $Libra había sido promocionada masivamente en redes sociales el pasado 14 de febrero, generando un pico de inversión impulsado por menciones públicas —incluso desde altas esferas del poder— y provocando pérdidas millonarias a miles de personas en pocos minutos, tras un desplome abrupto de su valor.
La decisión judicial responde a un pedido formal realizado por uno de los damnificados y querellantes del expediente, en un contexto donde se acumulan denuncias tanto en Argentina como en el exterior. El caso avanza hacia convertirse en una megacausa con derivaciones en Estados Unidos, donde también se estudian responsabilidades penales y financieras.
Fondos bloqueados, criptomonedas en foco
Si bien los montos en USDC han sido congelados por Circle —plataforma que tiene capacidad para intervenir este tipo de activos—, especialistas advierten que no todos los fondos alojados en estas billeteras pueden ser bloqueados, ya que algunas criptomonedas, como SOL o la propia $Libra, no permiten este tipo de intervención por diseño tecnológico.
De todos modos, los fondos detenidos quedarían bajo custodia judicial y podrían ser puestos a disposición de la Justicia argentina en caso de requerirse para reparaciones o futuras medidas.
El caso mantiene un alto nivel de visibilidad pública por las vinculaciones políticas y mediáticas que rodean a la promoción de la moneda. Diversos sectores de la oposición cuestionaron el cierre de unidades de investigación dedicadas al caso y exigen que se profundicen las responsabilidades, tanto del entorno criptoempresarial como de eventuales funcionarios involucrados.
El expediente sigue en desarrollo, y no se descarta que nuevas medidas judiciales amplíen el alcance de la causa, tanto a nivel local como internacional, con potenciales imputaciones en los próximos meses.
