Javier Milei, el presidente electo que asumirá el 10 de diciembre, dijo que la Ley de Alquileres va a atravesar cambios radicales.
Sosteniendo que la existencia de esa ley sólo se ha traducido en daños para el mercado inmobiliario, el candidato libertario prometió que va a ir sin consideración contra la norma que regula los contratos entre inquilinos y propietarios, la cual hace un mes fue modificada por el Congreso de la Nación.
La propuesta no es modificarla, sino directamente derogarla, regresando al sistema que se mantuvo vigente hasta hace algunos años, donde no existía la regulación de precios.
¿Qué implica la derogación de esta ley? Según las palabras de Milei, un alquiler es un contrato que se arregla entre partes, donde los acuerdos se pactan entre dos privados y el Estado no debería tener interferencia alguna. En base a esto, explicó que su objetivo es que los contratos gocen de libertad monetaria y que desaparezca la regulación estatal.
Los reclamos acerca de que esto perjudica a los inquilinos no tardaron en aparecer, quienes y acarrean con varias dificultades al momento de que se les garanticen los pocos derechos con los que cuentan frente a los propietarios, sin dejar de mencionar los elevados precios del mercado inmobiliario.
Juan Arrizabalaga, referente de la Federación de Inquilinos Nacional, mencionó que la derogación de la normativa solo va a profundizar la crisis existente sobre el acceso a una vivienda. Sostuvo que sin un marco legal que proteja a la pare más débil del contrato, se prepara el espacio para que la vivienda profundice aun más su carácter de mercancía dolarizada, lo que ya viene pasando hace bastante tiempo.
Por ese mismo carácter que la vivienda asume como un mero mercado más, y no como un derecho universal, es que el panorama es desolador. Juan señaló que esto va a decantar en un incremento de hacinamiento en las grandes ciudades. “El porcentaje de propietarios es del 65 por ciento, que es bajo, pero si tomás las ciudades grandes el porcentaje baja mucho más. Eso quiere decir que no tenés estabilidad habitacional, eso va a profundizar el proceso de expulsión urbana”, finalizó.
Hasta la sanción de la ley, en 2019, los alquileres eran por un plazo de dos años y la actualización se realizaba de forma semestral, pactada de antemano por el inquilino y el propietario, y fijada en el contrato. Las normativas comenzaron a ser un reclamo porque la falta de regulación aumentaba las situaciones de injusticias para los inquilinos. Por eso se establecieron, entre otras cosas, métodos de cálculo de aumentos y una duración mínima de los contratos.
En la última reforma sancionada en octubre de 2023, se establecieron contratos de 3 años y actualización de precios cada seis meses bajo la fórmula Casa Propia, elaborada por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, un coeficiente basado en la evolución de los salarios y la inflación.
Fuente: Página 12
