La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, confirmó que Rosario será la primera ciudad en la que se aplicará la nueva ley antimafia, marcando el inicio de una estrategia para combatir el crimen organizado en Argentina. La funcionaria realizó el anuncio desde el Destacamento Móvil Nº 2 de Gendarmería, en el marco del denominado «Plan Bandera».
Rosario, zona de investigación especial Bullrich aseguró que la ciudad santafesina será «la primera zona sujeta a investigación especial» bajo esta legislación, con el objetivo de desarticular por completo las bandas delictivas que operan en la región. La ministra enfatizó que la ley antimafia permitirá que «quienes participen de una organización criminal, sin importar su rol, sean responsables del conjunto de delitos que esta cometa».
El impacto de la ley antimafia Según Bullrich, esta normativa representa un «gran avance» en la política criminal del país y se basa en modelos internacionales exitosos. «Es una ley de vanguardia en América Latina, solo El Salvador tiene una similar, bajo el régimen de excepción. Nosotros la tomamos de Italia, donde se usó para combatir a las mafias que dominaban territorios y asesinaban a jueces y políticos», explicó.
Además, el Ejecutivo se inspiró en la ley estadounidense RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), que permite sancionar a todos los integrantes de una organización criminal con la pena correspondiente al delito más grave cometido por el grupo.
Objetivo: «Pacificación total» de Rosario Bullrich reiteró que la meta es «sacar a las bandas de manera completa» y alcanzar la «pacificación total» en Rosario. «No vamos a levantar el Plan Bandera mientras haya delincuentes esperando tomar el territorio», advirtió, reafirmando su lema: «El que las hace, las paga».
La ministra también hizo referencia a Ariel «Guille» Cantero, líder de la banda Los Monos, quien purga más de 100 años de prisión, como ejemplo de las consecuencias que enfrentarán quienes integren organizaciones criminales. Sin embargo, no aclaró que la nueva legislación no tiene aplicación retroactiva.
Con esta medida, el gobierno busca dar un golpe decisivo al crimen organizado y establecer un precedente en la lucha contra las mafias en el país.