Un total de 77 firmas respaldaron el proyecto del Ejecutivo en Diputados para una nueva reforma de seguridad que alcanza a los adolescentes.
En el marco del debate sobre el Régimen Penal Juvenil en Diputados, existe un consenso generalizado entre el oficialismo y sus aliados para concretar la baja de imputabilidad de 16 a los 14 años. Esos acuerdos avanzaron este martes en forma de dictamen de mayoría con 77 firmas de respaldo.
El proyecto, que ya quedó listo para ser tratado en el recinto, contempla una pena máxima de 15 años solo para delitos graves, pero busca dar prioridad a las penas alternativas como tareas comunitarias, prohibiciones de aproximación con las víctimas o medidas de reparación del daño causado.
Según explicaron sus impulsores, las penas de privación de la libertad no podrá aplicarse en caso de condenas menores a los 10 años, siempre que el menor no haya cometido un delito grave como homicidio, abuso sexual o secuestro.
Régimen Penal Juvenil: los puntos centrales
A la espera de la incorporación de las observaciones que realizaron los dialoguistas en sus firmas por disidencia, la redacción del proyecto de Régimen Penal Juvenil del Ejecutivo cuenta con los siguientes puntos:
Baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.
Pena máxima de 15 años de prisión.
Sistema escalonado de sanciones: se deben atravesar medidas alternativas de condena para delitos de menor gravedad. Entre las sanciones, se prevé: inclusión en programa educativo, tratamiento psicológico, servicio comunitario, reparación del daño, restricción del contacto con la víctima, monitoreo electrónico.
Privación de libertad: sólo para delitos graves, con la posibilidad de sustitución parcial después de cumplir dos tercios de la condena. Los adolescentes serían alojados en institutos especializados, con personal capacitado y sin contacto con adultos.
Medidas restaurativas: se contempla y se insta a la mediación penal juvenil, voluntaria y confidencial, para delitos con penas de hasta seis años. Se puede, además, suspender el juicio a prueba en caso de delitos inferiores a los tres años.
Servicios para la víctima: acceso a asistencia psicológica desde el inicio del proceso y a patrocinio jurídico.
Infraestructura: se establecen 180 días para la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil, desde su promulgación. Sin embargo, se propone su implementación una vez que estén concretadas las instalaciones apropiadas para contener a los jóvenes. (Con información de Ámbito Financiero)
